San Pedro Sula, Honduras
El desorden y descontrol en que se han manejado las finanzas municipales de San Pedro Sula en los últimos 10 años están pasando factura a las nuevas autoridades.
La prometida auditoría internacional externa tendrá que esperar, igualmente los intentos de las autoridades por buscar financiamientos internacionales porque organismos como el BID exigen tener estados financieros auditados.
En este momento si la alcaldía quisiera pedir recursos blandos para obras de infraestructura o de acción social no se otorgan porque al no tener auditadas sus finanzas no son elegibles para obtener los créditos.
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (Ccic) contrató el año pasado a la firma auditora internacional Pricewaterhouse para que hiciera un diagnóstico sobre las finanzas y contabilidad de la Municipalidad sampedrana.
La compañía realizó el trabajo y como resultado envió una carta al alcalde Armando Calidonio, donde resume que la contabilidad de la alcaldía no refleja lo que está ocurriendo, lo que significa que la contabilidad municipalidad no es auditable.
Los corporativos conocieron ayer en sesión la carta enviada por la empresa auditora Pricewaterhouse Coopers Interamerica, S de RL.
“Por este medio le informamos que como parte de la iniciativa del comité de desarrollo local de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, PWC Honduras realizó un diagnóstico sobre las cifras de los saldos de las cuentas contables de la Municipalidad de San Pedro Sula por el año terminado al 31 de diciembre 2012 con el fin de determinar el estado de preparación para una auditoría externa.
Observamos que los últimos estados financieros auditados datan del cierre al 31 de diciembre de 2004. Se pudo notar que las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 presentan limitación en la información que soporta la contabilidad por falta de conciliación de cuentas y documentación de soporte.
Las normas internacionales de auditoría sobre las cuales se debe de regir cualquier trabajo de auditoría externa en nuestro país, establece que cuando el auditor se haya frente a registros contables inadecuados o cuando no puede llevar a cabo procedimientos de auditoría que se cree necesarios o deseables, entonces podría derivar una abstención de opinión sobre los estados financieros bajo revisión. Como resultado de dicho diagnóstico se podría concluir que una auditoría externa a dichos estados financieros daría como resultado una opinión adversa o una abstención de opinión.
Desde nuestro punto de vista, la institución debería estructurar un equipo formal para proceder a documentar y respaldar todos los balances y transacciones de las cuentas de los estados financieros en forma transparente que le ayudaría a iniciar su gestión en una forma controlada y ordenada”.
El superintendente financiero, Claudio Rojas, explicó que la Pricewaterhouse deja claro que la contabilidad municipal no es auditable y que si se llamara a una compañía internacional el resultado será que la auditora se abstiene a dar información.
“No somos auditables, no reflejamos los procesos que están sucediendo en la contabilidad y no pudieran dar ninguna opinión y en términos de auditoría cuando una empresa no puede emitir una opinión es la situación más grave que existe”, dijo.
Rojas detalló que al revisar lo que dice cuentas por cobrar, por pagar, activos fijos no son verdaderos y no se puede dar fe de que realmente lo que tiene la alcaldía representa lo que se dice porque no se puede verificar.
Lo que sigue, según el superintendente, es proceder junto con la Ccic a realizar un proceso de depuración, validación de cuentas de manera que en un período de seis meses se pudiera tener información auditable. “En agosto esperamos tener la información auditable y poder contratar una empresa que venga a realizar la auditoría externa”.
El funcionario dijo que esa auditoría costaría unos 50 mil dólares, pero por ello se está buscando apoyo de la empresa privada y organismos internacionales.
