El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emplazó de nuevo al alcalde y los regidores para presentar un plan de acción por el caso Sulambiente, pero esta vez el pleno se expone hasta a la suspensión de sus cargos si no cumplen.
La crisis en la municipalidad se originó cuando el alcalde Roberto Contreras pidió al TSC realizar una investigación especial por el proceso de licitación y ejecución de contratos de servicios de limpieza vial y manejo de los residuos sólidos urbanos, mantenimiento de áreas verdes en la vía púbica, limpieza de solares baldíos, servicio de corte y poda y proceso de adquisiciones y contrataciones para la Feria Juniana.
La investigación fue realizada y el organismo contralor elaboró un informe y lo dirigió al pleno corporativo dando varias recomendaciones para evitar llegar a una demanda en lo que a limpieza vial se refiere de parte de la empresa Sulambiente.
En resumen, el informe dice que la municipalidad debe a la empresa recolectora unos 800 millones de lempiras por mayores costos que dejaron de pagarse y no hacerlo es exponerse a una demanda.
También señala que hay negativa de pago por parte de la municipalidad a la empresa y eso es motivo de polémica, el contrato en su cláusula 41 establece el procedimiento a seguir para resolver las controversias existentes.
El organismo hace recomendaciones a funcionarios específicos, pero algunos de ellos fueron despedidos por Roberto Contreras por proporcionar información al TSC.
- La Corporación Municipal tendrá que sesionar para conocer la notificación del TSC, pues únicamente tienen hasta la otra semana para resolver el segundo llamado para el plan de acción.
- 817.4 Millones de lempiras es la cantidad que reclama administrativamente Sulambiente por el no pago de mayores costos a la alcaldía.
Además, pide que para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe, la municipalidad debe presentar dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha de recepción del documento, un plan de acción con un período fijo para ejecutar cada una de las recomendaciones del informe y las acciones tomadas para ejecutar cada recomendación.
Pero se cumplió el plazo y la municipalidad no presentó el plan de acción y llevó primero una manifestación, luego una impugnación al informe emitido por el TSC.
El alcalde Roberto Contreras ha manifestado en reiteradas ocasiones que no pagará mayores costos a Sulambiente, pues no lo contempla el contrato y luego informó que habían llegado a una negociación con Sulambiente y se comenzaron a hacer pagos sin mayores costos. Pero la empresa dice que no ha renunciado a los mayores costos y prueba de ello es un reclamo administrativo presentado por 817,475,879 lempiras.
Realidad
Esa situación generó que la Corporación Municipal se dividiera, pues el regidor José Antonio Rivera presentó una moción en la sesión 61 pidiendo al alcalde que se respondiera el informe y se presentara el plan de acción y de esa forma evitar futuros reparos. No todos lograron votar esa moción, pues el alcalde cerró la misma, lo que originó que seis regidores impusieran agenda para dar seguimiento al tema. Al final solo dos regidores no secundaron y votaron la moción.
La situación ha generado un ambiente difícil en el pleno, pues los regidores argumentan irrespeto y persecución del alcalde al extremo que uno de ellos, Vicente López , procedió a denunciarlo al Ministerio Público por abuso de autoridad.
Plazo
La situación se complica con el oficio que llegó ayer a la Secretaría Municipal firmado por el magistrado presidente José Juan Pineda.
El oficio es dirigido a la Corporación Municipal y textualmente dice: “En la notificación del Informe de Auditoría abajo descrito, se solicitó un plan de acción para la ejecución de las recomendaciones contenidas en el mismo, concediéndosele un plazo de quince días hábiles para que enviara dicho plan, el cual, a la fecha de este oficio, no se ha recibido.
La municipalidad comenzó manejando el tema a través de comunicados sin dar oportunidad a los periodistas de preguntar.
Por lo tanto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, artículo 86 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el numeral 8.2, segundo párrafo de las normas para la Gestión del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (Sisera), se solicita remitir al Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría Municipal el Plan de Acción respectivo, de forma documental y electrónica, en un plazo de ocho días hábiles siguientes a la fecha de recepción de este oficio. El incumplimiento a lo requerido en este oficio incurre en la aplicación del Artículo 100 numeral 2 de la Ley Orgánica del TSC que literalmente expresa lo siguiente:
ARTÍCULO 100
Responsabilidades Administrativas. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar, deben incurrir en responsabilidad administrativa, los servidores públicos o particulares que realicen las infracciones siguientes: No rendir la información solicitada por el Tribunal o por las unidades de auditoria interna o no hacerlo en tiempo y forma y cuando se cometa una infracción, el Tribunal puede imponer a los responsables, multas que no deben ser inferiores a cinco mil lempiras ni superiores a un millón de lempiras según la gravedad de la falta, pudiendo, además los mismos y a solicitud del Tribunal, ser amonestados, suspendidos o destituidos de sus cargos por la autoridad nominadora”.
Para los expertos en temas municipales es necesario que el alcalde busque los asesores adecuados para evitar un desenlace que pueda afectar a la ciudad y al mismo alcalde.