San Pedro Sula opera con menos de un policía por cada 1,000 habitantes
Un total de 739 agentes activos custodian a unos 850,000 habitantes en San Pedro Sula, según un análisis de LA PRENSA Premium, lo que revela un enorme déficit
- 03 de noviembre de 2025 a las 23:58 /
La disponibilidad de agentes de policía en Honduras es un reto que impacta directamente en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad pública a su población, que supera los 10 millones de habitantes, según plasman números actuales del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos disponibles mostraron que el país opera con una dotación de personal policial por habitante que resulta insuficiente según estándares de seguridad internacionales.
Para un país con una alta incidencia de violencia y crimen organizado, esta baja proporción de agentes implica que los que están disponibles deben cubrir vastas áreas geográficas o grandes concentraciones urbanas, como el Distrito Central o San Pedro Sula, lo que dificulta la permanencia y constancia de los operativos.
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Policías
Hay en Honduras, distribuidos entre las distintas direcciones y especialidades de la institución. La cobertura operativa se organiza a través de unidades metropolitanas (Umep) y departamentales (Udep).
La insuficiencia no es solo numérica, sino también estructural y cualitativa. La Policía Nacional ha enfrentado históricamente serias deficiencias que complican su función, tales como los procesos de reforma y depuración, que han implicado la separación de miles de agentes por falta de idoneidad o por indicios de actos ilícitos. Aunque necesaria, esta purga agrava temporalmente la escasez de personal y crea inestabilidad.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, analizadas por LA PRENSA Premium, Honduras cuenta con un total de 9,228 policías preventivos activos para atender a una población que supera los 10 millones de habitantes, lo que equivale a 0.92 policías por cada 1,000 personas.
La tasa crece a 2.3 agentes por cada 1,000 habitantes si se cuenta el total de elementos de Policías de otras unidades y direcciones (Vialidad, Fuerzas Especiales, Antidrogas, Investigaciones, entre otros), pues se contabilizan unos 23,500 elementos policiales.
Esta proporción revela un déficit importante. Aunque no hay un estándar internacional recomendado, varios analistas toman de referencia un promedio a partir de una encuesta realizada en 2006 por la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) entre algunos de sus países miembros, que dejaba la relación de 3 policías por 1,000 habitantes.
En otras palabras, el país dispone apenas de una tercera parte del personal policial que se maneja a nivel global, lo que representa una brecha significativa en la capacidad estatal para prevenir y responder al delito.
El caso de San Pedro Sula resulta particularmente preocupante. Con una población estimada de 855,990 habitantes y 739 agentes activos, la ciudad presenta una tasa de apenas 0.86 policías por cada 1,000 personas, cifra inferior tanto al promedio nacional (0.92) como al referente internacional (3). En el análisis de las 25 unidades policiales, San Pedro Sula se ubica a mitad del ranking.
El número es el resultado de la suma de agentes asignados a las cuatro unidades metropolitanas (Umep 5, 6, y 8) en las que se divide la ciudad industrial.
Esto significa que por cada 1,000 sampedranos hay menos de un agente disponible para tareas de prevención, control y respuesta. La distancia es aún más preocupante si se considera que San Pedro Sula ha sido históricamente una de las urbes con mayores índices de criminalidad y violencia en Centroamérica, lo que hace que la demanda de presencia policial sea más alta que en otros puntos del país.
Para este análisis se calculó una tasa con base en la cantidad de agentes preventivos asignados por unidad policial, información proporcionada por la Secretaría de Seguridad mediante la solicitud SOL-SSSS-2965-2025, y el tamaño de la población por región, dato suministrado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la solicitud SOL-INE-782-2025.
Como resultado, se determinó que la Unidad Departamental de Policía N.º 15 (Udep-15), en Olancho, presenta la cobertura más alta, con 1.67 policías por cada 1,000 habitantes. Es importante señalar que esta unidad no abarca varios municipios del norte de Olancho ni la zona de Catacamas y sus alrededores, ya que estos corresponden a la Umep-20 y a la Umep-15, respectivamente.
Igualmente, reportan una tasa alta las unidades policiales de Gracias a Dios (1.64) y Francisco Francisco Morazán (1.56). Esta última no cubre los municipios del Distrito Central, Sabanagrande, Valle de Angeles y alrededores.
Un dato que causa preocupación es que las unidades policiales de la zona norte y el litoral Atlántico presentan las tasas de menor cobertura.
La Umep-9, en La Lima-San Manuel, alcanza 0.69 policías por 1,000 habitantes, mientras que El Progreso (Umep-11) apenas llega a 0.36, la tasa más baja en el área, generando un déficit crítico. Tela (Umep-18), con 0.45 policías por 1,000 habitantes, también se encuentra en situación precaria.
Con mejor reporte están Villanueva (Umep-12), que tiene 1.43 policías por 1,000 habitantes; y Choloma (Umep-10), con 0.95 por 1,000 habitantes, destapan la desigualdad interna en la cobertura de la fuerza policial, que no se ajusta a la densidad poblacional ni a los niveles de criminalidad.
Políticas públicas efectivas
La falta de personal repercute directamente en la cobertura territorial. Según el analista en seguridad ciudadana y políticas públicas, Leonardo Pineda, existen municipios con apenas dos o tres policías en servicio activo, y en muchos casos, no cuentan con el equipamiento necesario. “He estado en municipios enteros que solo tienen una posta con dos policías, eso no es lo correcto”, lamentó.
A su criterio, el déficit policial es especialmente evidente en zonas urbanas densamente pobladas como Chamelecón, donde residen entre 150,000 y 200,000 habitantes, pero únicamente operan alrededor de 100 policías activos.
“Ese es el problema”, advirtió el analista. “La falta de cobertura reduce la capacidad de respuesta ante el delito y limita la presencia preventiva del Estado en los barrios con mayores índices delictivos", agregó.
Pineda consideró que la Secretaría de Seguridad enfrenta un reto estructural que no puede resolverse de la noche a la mañana. “Se puede llegar al nivel ideal, pero es un proceso, hay que trabajar en que los policías se mantengan en la institución y no abandonen la carrera”, indicó.
De hecho, reveló que en algunos casos, reclutas han abandonado Honduras tras recibir sus primeros salarios, migrando hacia Estados Unidos. Esta rotación constante, sumada a las limitaciones presupuestarias y logísticas, obstaculiza la consolidación de una fuerza policial estable.
En opinión de la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Migdonia Ayestas, la cantidad de agentes desplegados no responde a las necesidades reales de seguridad de los habitantes, lo que afecta directamente la convivencia pacífica y el control del delito en la segunda ciudad más importante del país.
“Hay una carencia de policías de acuerdo al número de habitantes, para mejorar la convivencia pacífica de la población se requiere aumentar el número de policías, sobre todo en el área de investigación criminal”, expresó Ayestas.
La especialista y analista señaló que la falta de personal en las postas policiales limita la capacidad de respuesta ante delitos cotidianos y reduce la presencia preventiva en los barrios y colonias. Aunque reconoció que la institución policial ha incrementado su personal en los últimos años, el avance ha sido gradual y aún insuficiente para cubrir las demandas actuales de seguridad.
“No se logra lo ideal porque no se dota de suficientes recursos para contratar más agentes. Es necesario formar a la gente con las capacidades adecuadas, pero también dotarla de la logística necesaria para desarrollar bien su labor”, enfatizó.
Ayestas advirtió que la falta de cobertura policial genera un efecto inmediato en el incremento de los delitos, como los robos, hurtos y homicidios, que mantienen en alerta a la población. “Cuando no hay presencia policial suficiente, se disparan los delitos contra la propiedad, por citar algunos, impactando fuertemente y aumentando el miedo de la gente a usar los espacios públicos y a transitar con seguridad”, señaló.
La experta también reveló que hay municipios en el país que aún no cuentan con presencia policial formal, lo que agrava la situación en las zonas rurales y fronterizas. A su criterio, la seguridad ciudadana debe entenderse como una estrategia integral, que no solo implique el aumento de agentes, sino también la inversión en casetas, equipamiento y condiciones dignas para el trabajo policial.
Imparable violencia
Entre 2015 y 2023, de acuerdo con informes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el presupuesto de la Secretaría de Seguridad fue casi cuatro veces más alto que el asignado al Ministerio Público y dos veces más que el presupuesto asignado al Poder Judicial.
Se le asignó a Secretaría de Seguridad un presupuesto de 11,909 millones durante el 2024, que representó un aumento de 70% entre 2021 a 2024. Otro indicador clave para medir la capacidad del sistema de seguridad es la cantidad de policías, misma que fue incrementada en el período 2016-2021, pasando de 14,249 en 2016 a 18,920 en 2021.
No obstante, en 2022 y 2023 se observó una disminución promedio de 2.6%, dado que al cierre del año 2023 había un total de 17,920 policías; es decir, 127 policías menos que en 2022, pero para el año 2024 se observó un aumento de 5.7%, pasando a 18,941 policías.
La meta del presente Gobierno entre 2022 y 2027 era llegar a 28,000 elementos policiales, esto implicaba que debían ingresar 9,080 policías durante este período de tiempo, por lo que de forma anual se deberían integrar a la fuerza policial 1,816 nuevos policías.
De forma contraria, se observó que el comportamiento de los años 2022 y 2023 mostró una tendencia a la baja en el número de policías, alejándose del cumplimiento de la meta establecida por el Gobierno 2022-2026, con una mejora de aumento de 5.7% para 2024.
Aumentar el número de policías implica entrenar y graduar a un mayor número de personas por parte del Instituto Técnico Policial (ITP). A partir de 2015 hubo un incremento en la cantidad de personas que ingresaron al Instituto Técnico Policial y en 2017 se dio la cantidad más alta de ingresos de los últimos 13 años con 3,198 personas, pero desde esa fecha la tendencia fue disminuyendo hasta 2020, cuando apenas ingresaron 591 personas.
Para 2024 no se contaba con información consolidada de los ingresos y egresos del ITP, considerando que la Secretaría de Seguridad mediante oficio SOL-SSSS-2699-2025, indicó que dicha información estaba reservada según la resolución N.° SO-139-2018; sin embargo, de acuerdo con información de la página web del ITP, se identificó que en julio de 2024 egresaron más de 500 personas del ITP y en diciembre de ese mismo año egresaron 572 aspirantes a policías, totalizando más de 1,072 graduados en 2024 que se integraban a la fuerza policial de Honduras.
En las últimas décadas se miró un aumento acelerado de la violencia e inseguridad en Honduras, pasando de una tasa de homicidios de 37 por cada 100,000 habitantes en 2005 a 86 homicidios por cada 100 habitantes en 2012, el punto más alto en los últimos 20 años.
A partir de ese año inició una disminución en promedio anual de 7% entre 2012-2024. Siguiendo ese comportamiento descendente, en los últimos tres años la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes disminuyó de 41.7 en 2021 a 25.4 en 2024.
Según la Secretaría de Seguridad, la reducción de homicidios correspondía a que las estrategias implementadas para prevenir, disuadir y controlar el delito estaban rindiendo los resultados esperados, incluyendo el estado de excepción parcial.
A nivel geográfico, en 2024 hubo descensos de la tasa de homicidios en casi todos los departamentos del país, aunque no todas las regiones siguieron la tendencia nacional.
Los asesinatos en las Islas de la Bahía, un punto turístico, aumentaron, y el departamento cerró el año como el departamento con más homicidios.
Después de Islas de la Bahía, los departamentos de Copán, Yoro, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias a Dios, presentaron mayores aumentos en las tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes. Cabe resaltar que Gracias a Dios tuvo un incremento de homicidios de casi tres veces respecto a 2023 y Olancho se posicionó como el segundo departamento con la tasa de homicidios más alta después de Islas de la Bahía.
Los homicidios en Honduras siguieron disminuyendo notablemente durante el 2024, con una tasa de 25.4 por cada 100,000 habitantes. Entre los aspectos positivos destacó que las tasas de homicidios en las dos ciudades más grandes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, se redujeron a la mitad entre 2022 y 2024.
A nivel municipal se identificó que los municipios con mayores tasas de homicidios por cada 100,000 mil habitantes se ubicaban en la zona occidental de Honduras, siendo Virginia, Lempira, con 182, el municipio con la tasa más alta; seguido por San Francisco de Ojuela, Santa Bárbara, con 104; y San Miguelito, Intibucá (100).
Entre los años 2022 y 2024 se registraron en el país 127 muertes múltiples que dejaron como saldo 500 personas muertas entre hombres, mujeres y niños, a pesar de que desde diciembre de 2022 está vigente el estado de excepción.
El año 2023 fue el año con más hechos de homicidios múltiples y mayor número muertes registradas, desde la implementación del estado de excepción, sobresaliendo el asesinato de varias mujeres garífunas y el asesinato de las 46 mujeres en la prisión de Támara.
Para el año 2024 hubo una disminución de 52.9% y como parte de las acciones por parte del Gobierno, se activaron algunas capturas e inicios de investigaciones, pero se desconoce el avance en la judicialización de estos.
