¿Puede Trump deportar a un millón de migrantes indocumentados?

La propuesta de Donald Trump para deportar a un millón de migrantes indocumentados ha generado preguntas sobre su viabilidad. Este ambicioso plan enfrenta importantes desafíos legales, logísticos y financieros que podrían dificultar su implementación. A continuación, presentamos los datos clave que explican las implicaciones de esta iniciativa.

Según JD Vance, compañero de fórmula de Trump, el plan de deportaciones masivas iniciaría con la expulsión de un millón de migrantes indocumentados, un proyecto que busca sentar las bases para futuras acciones migratorias.

Actualmente, en Estados Unidos residen aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados, una cifra que se ha mantenido estable desde 2005 según datos del Departamento de Seguridad Nacional y Pew Research.

Cerca del 80% de los migrantes indocumentados han vivido en el país más de una década, lo que significa que la mayoría son residentes de larga duración con conexiones familiares y laborales sólidas en EE.UU.

Cualquier plan de deportación masiva enfrentaría la realidad de un sistema de tribunales de inmigración sobrecargado, con años de casos acumulados y serios retrasos en la resolución de procesos legales.

Muchas ciudades importantes han aprobado leyes que limitan la colaboración entre las autoridades locales y el ICE, lo que reduce significativamente la capacidad de realizar arrestos para deportación en esas áreas.

La mayoría de las deportaciones no provienen de arrestos directos del ICE, sino de la colaboración con policías locales, un modelo que sería difícil de expandir sin cambios significativos en las políticas actuales.

El presupuesto actual del ICE destinado al traslado y deportación de migrantes es de 420 millones de dólares, insuficiente para cubrir el costo estimado de 100,000 millones que requeriría el plan de Trump.

El plan incluye la construcción de grandes campamentos para alojar a los migrantes detenidos mientras esperan sus audiencias judiciales, una medida que podría generar críticas significativas por sus implicaciones humanitarias.

La repatriación de un millón de personas necesitaría una ampliación masiva de vuelos de deportación, lo que probablemente implicaría recurrir a la colaboración de la Fuerza Aérea para cumplir con los objetivos del programa.

Durante el mandato de Biden, las redadas en sitios laborales fueron suspendidas, pero la campaña de Trump planea retomarlas como parte de su estrategia para aumentar las detenciones de migrantes indocumentados.

Con solo 20,000 agentes del ICE disponibles, el gobierno tendría que contratar y capacitar a una fuerza laboral mucho mayor para llevar a cabo detenciones y deportaciones a gran escala.

Los expertos calculan que el costo total del plan superaría los 100,000 millones de dólares, lo que sumado a posibles demandas legales y tensiones diplomáticas, podría tener consecuencias políticas y económicas de largo alcance.