SAN PEDRO SULA. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó ayer la cuarta revisión del programa monetario en el marco de los acuerdos Stand-By y Facilidad de Crédito Stand-By a favor de Honduras, con lo cual permite un desembolso inmediato de 125.8 millones de dólares.
Tales recursos ayudarán al Gobierno de Honduras a cubrir las necesidades de balanza de pagos y el financiamiento del Presupuesto que se han visto exacerbadas por la pandemia y las tormentas tropicales Eta y Iota, explicó el organismo multilateral en una nota de prensa.
“Es un gran apoyo para la Administración Central, porque pone a disposición del Gobierno, a través del Banco Central, que recibe el financiamiento y luego hacemos un convenio de crédito con la Secretaría de Finanzas por 125 millones de dólares a una tasa de interés y comisiones de alrededor de 1.5%, un costo muy concesional”, explicó Wilfredo Cerrato Rodríguez, coordinador del Gabinete Económico y presidente del Banco Central.
Los acuerdos Stand-By y Facilidad de Crédito Stand-By fueron aprobados el 15 de julio de 2019 por un monto de aproximadamente $323 millones. El 1 de junio de 2020, el Directorio Ejecutivo concluyó la segunda revisión y aprobó un aumento por cerca de $234 millones, llevando el acceso total a aproximadamente 557 millones de dólares.
El 14 de diciembre del año pasado, el organismo aprobó la tercera revisión, la cual permitió el desembolso inmediato de unos $90 millones para ayuda a Honduras ante los efectos de la pandemia y las dos tormentas.
La cuarta revisión permite que el monto desembolsado sea de casi 700 millones de dólares.
“Este fondo de 125 millones de dólares -aprobado ayer- es para financiar el Presupuesto actual (2021). Recordemos que había un déficit de 5.4 y el año anterior de 5.5, un déficit que se tiene que cubrir con financiamiento y precisamente, una gran parte de ese déficit se va a cubrir con los desembolsos que nos ha hecho el FMI, incluyendo este de $125 millones”, dijo Cerrato Rodríguez.
Revisión. El comunicado emitido por el Fondo Monetario recopila la reacción del subdirector gerente adjunto y presidente interino del Directorio, Mitsuhiro Furusawa, quien destacó que “a pesar de la pandemia y las tormentas tropicales, las autoridades hondureñas permanecen comprometidas con la estabilidad macroeconómica y continúan implementando muchas de las reformas en el marco del programa de apoyo del FMI. No obstante, según el funcionario, se requiere de manera urgente esfuerzos sostenidos para la aplicación firme de las reformas estructurales, especialmente en la gobernanza y manejo financiero del sector eléctrico.
“La emergencia sanitaria en curso y las importantes necesidades de reconstrucción requirieron una postura fiscal temporalmente más laxa para 2021-2022”, destacó Furusawa, al tiempo de agregar que las autoridades hondureñas “activaron adecuadamente la cláusula de escape de la Ley de Responsabilidad Fiscal que ayudará a sostener la economía, sin poner en riesgo la trayectoria de la deuda; el riesgo de sobreendeudamiento de Honduras sigue siendo bajo”.Las autoridades del FMI instaron a seguir avanzando con las reformas de compras públicas y del sector eléctrico, así como en el programa de movilización de ingresos, el cual es clave para preservar los logros obtenidos.También recomendaron proseguir los esfuerzos para fortalecer el marco de política monetaria y continuar la transición hacia un régimen cambiario más flexible que ayude a estabilizar los precios y salvaguardar las reservas internacionales.
“Mejorar sin demora la gobernanza en la empresa pública de electricidad (Enee) y fortalecer su situación financiera será clave para la sostenibilidad fiscal y la mejora del clima de negocios. El reinicio de la estrategia para la reducción de pérdidas y la contención de la recurrencia de los atrasos deben ser puntos de especial atención”, dijo el Fondo Monetario Internacional.Por otra parte, señaló que para continuar con el fortalecimiento institucional es esencial intensificar la lucha contra la corrupción. “Como parte de esta labor, las autoridades han armonizado las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos con las normas internacionales y están ultimando detalles para un exhaustivo registro de beneficiarios finales”.
