Tegucigalpa, Honduras.
Bajo el pretexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y amparándose en el decreto ejecutivo 05-2020, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) e Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) contrataron en el último mes los servicios de varios asesores y consultores con altos salarios, que en la mayoría de los casos no se justifican.
Mediante la búsqueda de información pública en los portales de transparencia, LA PRENSA pudo cotejar algunas de las contrataciones de personal realizadas en el último mes, desde que se decretó el estado de emergencia, en diferentes instituciones como la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Sinager, Invest-H y la Secretaría de Salud.
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En la información recabada se logró establecer que algunas de estas dependencias contrataron a profesionales bajo la modalidad de asesorías o consultorías con valores que van desde los 35,000 y 60,000 lempiras hasta los 15,000 dólares durante un período de seis meses o el tiempo que se prolongue la emergencia sanitaria.
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Contratos suscritos Los contratos de consultoría firmados por el director de Invest Honduras, Marco Bográn, el pasado 24 y 27 de marzo caducan en septiembre.
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La rendición de cuentas debe ser una constante y no solo cuando haya presión pública. Alberto Solórzano, líder religioso
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Dentro de esta búsqueda de información, LA PRENSA tuvo acceso a la nómina del personal sanitario y administrativo contratado por el ahora exministro Gabriel Rubí entre el 1 y el 31 de marzo del año en curso, en el marco del decreto 05-2020 emitido por el Poder Ejecutivo.
Se trata de 16 plazas, entre las cuales figuran los servicios de cinco miembros del Comité Técnico Consultivo (CTC), con un estipendio cada uno de 60,000 lempiras mensuales. Llama la atención que este Comité esta conformado por varios profesionales médicos que poseen plazas en el sistema sanitario público; entre ellas, dos exministras de Salud.
| 580,000
lempiras paga Invest Honduras a dos profesionales para asesorar la instalación de siete clínicas móviles.
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Líderes de la sociedad civil consultados por este diario indicaron que este tipo de contrataciones son injustificables porque se trata de profesionales que ya perciben un importante emolumento en el sistema de Salud y que en este contexto de crisis nacional deberían prestar sus servicios de forma ad honorem al Estado y al pueblo hondureño.
Otra de las instituciones que ha recurrido a esta polémica modalidad aprovechándose de la emergencia es Invest Honduras, cuyas autoridades en los últimos días han sido fuertemente cuestionadas por la compra de siete hospitales móviles, respiradores mecánicos y otros insumos que, pese a haber sido pagados por adelantado a los proveedores, estos aún no llegan al país.
Si se trata de una acción irregular debemos condenarla y buscar una sanción Carlos hernández, Representante de TI-Honduras
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Según la documentación publicada en el portal único del IAIP, el pasado 24 de marzo, el director de Invest, Marco Antonio Bográn Corrales, formalizó una consultoría por un valor de 15,000 dólares, unos 372,000 lempiras, mediante la cual se contrataron los servicios de un especialista biomédico que se encargará del equipamiento médico y hospitalario para los 7 hospitales móviles adquiridos por el Gobierno para combatir la propagación del COVID-19.
Esta persona es la responsable, según el acuerdo, de analizar las necesidades de equipamiento médico para cada uno de los siete hospitales móviles, elaborar las especificaciones técnicas para la compra del equipo y verificar que las clínicas móviles cuenten con las condiciones para la instalación y operación de dichos equipos y que el personal esté capacitado para el uso de los mismos, entre otras, responsabilidades.
No obstante, llama la atención que la persona contratada para esta responsabilidad es un ingeniero eléctrico industrial, sin aparente y comprobada experiencia en ese campo.
Este contrato tiene una duración de seis meses, con finalización en septiembre próximo, y se hará efectivo mediante el pago de 2,500 dólares mensuales.
Posteriormente, el 27 de marzo, Bográn firmó un segundo contrato de consultoría por un valor de 210,000 lempiras, pagaderos en seis cuotas de 35,000 lempiras mensuales, cada una para adquirir los servicios de asistencia técnica para el diseño de módulos de aislamiento para pacientes con coronavirus en varias regiones del país.
| 300,000
lempiras mensuales paga Copeco a cinco miembros del Consejo Técnico Consultivo contratados en marzo.
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Esta persona es la responsable, según el contrato, de “aplicar las normas, estándares y procedimientos y buenas prácticas en hospitales, evaluar el estatus actual de las áreas en las que se construirán los módulos de aislamiento”, entre otras más.
Estos contratos fueron firmados a sabiendas que los hospitales móviles no llegarán al país sino hasta finales de mayo y se prevé que estarán instalados y operativos entre junio y agosto próximo, justo a pocos días de que venzan ambas consultorías.
Se cuestiona que el Gobierno erogará alrededor de 580,000 lempiras por un servicio que no se cumplirá en vista de la tardanza que conllevará el arribo de los hospitales al país. Además, se considera un gasto innecesario en virtud de que el mismo Invest contrató a varias empresas nacionales para realizar la supervisión de la construcción e instalación de los hospitales móviles y sus equipos en las regiones previamente escogidas para ese fin.
| Mascarillas distribuidas durante la emergencia.
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Transparencia.
Consultado sobre esta situación, el expresidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras y miembro de la Comisión de Depuración de la Policía, pastor Alberto Solórzano, consideró que en este momento de emergencia “es importante que el Gobierno busque personas calificadas y dispuestas a apoyar como asesores y consultores en calidad de voluntarios”.
Además, expresó que la forma de transparentar las compras y contrataciones del Estado es que se forme un equipo de personas competentes en diferentes campos que ayuden a definir qué comprar, cuándo comprarlo, a quién comprar y bajo qué precio comprarlo. “Que los ministros no compren, sino con el acompañamiento de este equipo y que exista veeduría de principio a fin, y no solo cuando las transacciones están hechas”, acotó. Solórzano reiteró que la rendición de cuentas debe ser una constante y no solo cuando se genere presión pública.
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| L50 millones más costará instalar hospitales móviles
Además del alto valor de compra, la instalación de los siete hospitales móviles que llegarán a Honduras en mayo próximo le costarán al pueblo hondureño más de 50 millones de lempiras adicionales, según datos publicados en el portal único de transparencia por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
El Gobierno hondureño a través de Invest-H adquirió el mes pasado tres hospitales móviles de 91 camas y cuatro con capacidad de 51 camas por un valor global de 1,174 millones de lempiras, alrededor de 47.4 millones de dólares al cambio oficial. Los tres primeros serán instalados en San Pedro Sula, Tegucigalpa y Choluteca, y los cuatros restantes en Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Juticalpa y Danlí para atender a los pacientes contagiados con COVID-19. Contratos. Aunque los polémicos hospitales llegarán hasta el próximo mes de mayo, Invest-H ya formalizó los contratos para la construcción de los planteles e instalación de las áreas de aislamiento móvil. La adquisición de estos sanatorios temporales ha estado rodeado de polémica por su alto valor de mercado, el oscuro procedimiento de compra y la tardanza de llegar al país, pese a la urgencia del sistema sanitario hondureño para ponerlos a funcionar para atender a los pacientes graves. Según la información a la que tuvo acceso LA PRENSA, a la fecha se han firmado los contratos de construcción y supervisión de las obras con varias empresas nacionales. La construcción de los planteles en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca tendrán un costo de 30 millones de lempiras, 10 millones cada uno. Este valor incluye la instalación de las carpas y módulos. Por lo pronto también se firmaron los contratos para instalar dos de los cuatro consultorios móviles en Danlí y Santa Rosa de Copán por un valor global de 13 millones de lempiras; es decir, 8 y 5 millones, respectivamente. Y simultáneamente, las autoridades de Invest firmaron los convenios de supervisión de las obras con varias empresas del ramo por un monto estimado de 7.6 millones de lempiras, conforme a la documentación publicada por el IAIP. Informe. Carlos Hernández, representante de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y de Transparencia Internacional (TI), expresó que esta semana se presentará un informe detallado de las compras y contrataciones realizadas por el Gobierno durante la emergencia. Hernández manifestó que lamentablemente hay una situación de mercado que no es la normal y muchos proveedores están pidiendo o exigiendo pagos por adelantado o a veces en porcentajes superiores a la norma. Sin embargo, indicó que no es congruente ni beneficioso para el país que equipos o insumos que se necesitan urgentemente sean entregados a destiempo. |
