El negocio redondo de El Salvador como la “cárcel”
del patio trasero de USA

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele vio en los migrantes indocumentados detenidos por crímenes graves un negocio con Estados Unidos (USA) que le daría autosostenibilidad a su prisión insigne: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Guatemala y Panamá también abrieron sus puertas a criminales deportados por Estados Unidos en acuerdos firmados con el Secretario de Estado de USA, Marco Rubio en su reciente gira por la región, la que excluyó una parada por Honduras.

“Hemos ofrecido a los Estados Unidos de América la posibilidad de subcontratar parte de su sistema penitenciario.Estamos dispuestos a recibir únicamente a criminales judicialmente condenados (incluyendo ciudadanos estadounidenses condenados) en nuestra mega prisión (CECOT), a cambio de una tarifa por persona.

La tarifa sería relativamente baja para EE UU, pero significativamente alta para nosotros (varias veces el producto interno bruto per cápita), lo que haría que todo nuestro sistema penitenciario fuera sostenible.

De esta manera, los salvadoreños no tendrían que pagar con sus impuestos para mantener criminales; el gobierno de Estados Unidos se encargará de eso. Los ahorros generados se invertirán en mejorar nuestro sistema de salud”, compartió el mandatario de El Salvador en todas sus redes sociales.

Para Bukele recibir presos de EE UU (extranjeros o estadounidense) va camino a ser un buen negocio considerando lo que el país norteamericano paga por preso en la actualidad.

Un “lujo” que solo El Salvador podría darse considerando que su megacárcel está diseñada para 40,000 reclusos, y según cifras oficiales, su población actual no llega ni a la mitad.

Por ejemplo, en prisiones privadas federales, el gobierno federal pagó a empresas privadas como CoreCivic y Geo Group para operar prisiones y centros de detención migratoria en 2023, aproximadamente $60 a $80 por día (L1,500 a L2,000), dependiendo del contrato y la ubicación.

Esto equivale a en un costo anual de alrededor de $22,000 a $30,000 por preso (L550,000 - L750,000). En tanto, en prisiones privadas estatales los costos varían según el estado, pero en general oscilan entre $50 y $70 por día por preso (L1,250- L1,750).

Lo que representa al año un aproximado de $18,000 a $25,000 por preso (L450,000 - L625,000).

Por último, en centros de detención migratoria del ICE (Immigration and Customs Enforcement) el costo promedio por persona detenida es de alrededor de $140 a $200 por día (L3,500 - L5,000), dependiendo del contrato y los servicios proporcionados. Aquí equivale a un costo anual de aproximadamente $50,000 a $73,000 por persona (L1,250,000 - L1,825,000).

Para Estados Unidos estos arriendos no son nada nuevo. Ese país tiene aproximadamente 5,000 recintos penitenciarios entre prisiones estatales, federales, cárceles locales y centros de detención migratoria, públicos y privados.

En proporción a su tamaño, su sistema carcelario es, por consecuencia, enorme.

De acuerdo a la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) hasta finales de 2023, más de 1,254,200 personas están guardando prisión, lo que significa un aumento de 2% con respecto a 2022.

Por otra parte, se estima que de ese global, al menos 30,000 están en unos 200 centros de detención migratoria, pero ese sistema es híbrido, es decir, público y privado.

De acuerdo al informe de The Sentencing Project de 2018, las cárceles privadas albergaban entonces al 8% de la población carcelaria estatal y federal de los Estados Unidos.

Es así que datos de 2021 y 2022, indican que el gobierno federal gastó alrededor de $3,000 a $4,000 millones anuales en contratos con empresas de prisiones privadas. Los estados gastaron aproximadamente $2,000 a $3,000 millones adicionales en prisiones privadas.

Las dos empresas más grandes en este sector son: CoreCivic que opera más de 100 instalaciones en EE UU, incluyendo prisiones y centros de detención migratoria y Geo Group que administra alrededor de 70 instalaciones, incluyendo prisiones y centros de detención para ICE, según informes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), o el Pew Research Center.

Aunque Honduras ha tomado las riendas para hacerle frente a las deportaciones masivas que ya inició la semana pasada el presidente Donald Trump con el envío de más de 350 migrantes en dos vuelos militares, aún hay enormes retos a los que hacerle frente.

El Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras del Instituto de Investigaciones Sociales, quienes forman parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, realizó un oportuno refrescamiento de las crisis que ha enfrentado el país por y como consecuencia de la migración ilegal.

El análisis titulado “Migración: Contexto, impacto y desafío en Honduras 2025” enlista los desafíos en materia migratoria que el país ha vivido en la última década, los que iniciaron con la crisis de la niñez migrante no acompañada en 2014, que registró 8,479 niños retornados.

De ahí a lanueva emergencia declarada por el presidente Donald Trump para expulsar a los criminales con récords criminales, el Observatorio y todas las entidades que lo acuerpan enlistó una serie de acciones urgentes que se deben tomar en cuenta ante esta nueva realidad.

Ellos proponen en orden de prioridades: fortalecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos , con énfasis en la cooperación en materia migratoria y el impulso de las relaciones comerciales, así como establecer relaciones de cooperación en materia migratoria con los países de la región latinoamericana, en especial con los del norte de Centroamérica y México.

Además, implementar un proceso de identificación de hondureños retornados a través de las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) en los centros de retorno y desarrollar una caracterización de perfil laboral de los retornados y de su perfil educativo.

Por otro lado, sugieren implementar programas de reinserción laboral a nivel nacional, enfocados en la formación y el emprendimiento en el sector turístico, en coordinación con diversos actores, como la empresa privada, gobiernos locales y ONG con experiencia en procesos de reinserción laboral, así como revisar y actualizar el programa de reinserción educativa de los jóvenes a nivel básico, secundario y universitario.

Por otra parte, también consideran urgente la protección especial a la niñez migrante retornada y en país de retorno y establecer un plan de contingencia que contemple la posibilidad de que alrededor de un millón de personas en Honduras puedan enfrentar situaciones de calamidad doméstica al quedar sin su única fuente de ingreso: las remesas.

El comportamiento de las remesas es incierto, ya que podría incrementarse debido al envío de ahorros por parte de migrantes que prevén una posible deportación; sin embargo, posteriormente podría disminuir drásticamente debido al temor de salir a trabajar, ser detenidos o enfrentar un proceso de deportación.

Por último, ven indispensable el fortalecimiento de política de seguridad, como una estrategia de generar las condiciones propicias para el desarrollo de la pequeña empresa y los microemprendimientos a nivel nacional.

Agrega, considerar un mayor apoyo financiero a los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), para minimizar el impacto del retiro de la cooperación de Estados Unidos y Organizaciones de Sociedad Civil, para suplir está perdida y tener la capacidad por parte del gobierno en atender a los hondureños.