Traición a la patria, lo más grave para FF AA por afectar elecciones
Si se determina que hubo un intento deliberado por desestabilizar el proceso electoral, podría configurarse este delito con penas de entre 15 y 20 años de cárcel
- 13 de marzo de 2025 a las 00:00 /
El caos que envolvió las elecciones primarias en Honduras sigue salpicando a las Fuerzas Armadas, cuya actuación ha desatado una ola de críticas por el retraso en la entrega de las maletas electorales y la falta de custodia militar durante el proceso, una acción que, según abogados penalistas, podría escalar en acusaciones graves como incumplimiento de deberes e incluso traición a la patria.
Según los artículos 272 y 274 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad del material electoral y de actuar bajo estrictas disposiciones para proteger el proceso democrático.
El artículo 272 indica que las FF AA “cooperarán con la Policía Nacional en la Conservación del orden público. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso”.
Además, el artículo 274 dicta que las Fuerzas Armadas “prestarán apoyo logístico de asesoramiento técnico, en comunicaciones y transporte. Además, cooperarán con las instituciones en la protección de los poderes del Estado y el Tribunal de Elecciones, a pedimento de éstos, en su instalación y funcionamiento”.
La Constitución establece que, desde un mes antes de las elecciones, las Fuerzas Armadas deben quedar bajo el mando del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que se oficializó el 8 de febrero en un acto solemne.
Una semana antes de las elecciones primarias, las autoridades militares difundieron un video en el que anunciaron que más de 26,000 uniformados estaban listos para garantizar la seguridad del proceso electoral.
Además, informaron que el traslado del material electoral comenzaría con antelación, justo una semana antes del evento, programado para el 9 de marzo.
Sin embargo, a pesar de estos preparativos, se registraron retrasos tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, donde los uniformados no reportaron las anomalías, no protegieron el material y tampoco intervinieron como les correspondía.
Esa falta de control desnudó una desorganización que, por primera vez, obligó a los hondureños a votar en horas de la noche, aumentando la frustración y la desconfianza en las autoridades electorales.
Delitos
26,000
efectivos militares
fueron desplazados en el país para brindar seguridad en el proceso
Los hechos ocurridos el domingo podrían encuadrarse en delitos electorales que contemplan penas de entre 4 y 6 años de prisión, según explicaron reconocidos abogados penalistas consultados por LA PRENSA Premium.
Entre los delitos señalados en el Código Penal figuran el “Retardo injustificado en la formación, expedición o publicación de los documentos electorales y obstaculización para la entrega de los mismos; Cambio injustificado del tiempo y lugares donde debe practicarse una elección”.
También se incluye “Retardar u omitir intencionalmente, la remisión de la documentación y material electoral utilizado en las elecciones y retener material electoral”.
No obstante, los expertos advierten que las sanciones podrían ser más severas si se comprueba que hubo incumplimiento de deberes por parte de funcionarios, lo que se castiga con penas de entre 3 y 6 años de prisión.
En el peor de los escenarios, si se determina que hubo un intento deliberado por desestabilizar el proceso electoral, podría configurarse el delito de traición a la patria, que contempla penas de entre 15 y 20 años de cárcel, además de la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la condena.
“El hondureño que ejecuta actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la república, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado”, menciona el artículo 555 del Código Penal vigente.
El abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), señaló que “si se demostrara que es un boicot yo creo que aquí se pueden tipificar otros delitos hasta de traición a la patria, pero hay que determinar cuáles fueron las acusas, si fue algo que los actores idearon, entonces hay que llegar a las últimas consecuencias y yo no dudaría que haya participación de personas de todos los partidos políticos”, expuso.
El experto en Estado de Derecho también cuestionó el papel de las Fuerzas Armadas durante la jornada electoral, mencionando que “les quedó grande el rol y fallaron ante la población hondureña. Lo que ocurrió debilitó la confianza de la gente hacia ellas en el contexto de las próximas elecciones generales”.
”Uno puede delegar las responsabilidades, pero las responsabilidades van a ser de quien viene y hace la delegación de las mismas, así que esto va desde las cabezas, el CNE está compuesto por tres consejeros y las Fuerzas Armadas tiene su junta de comandantes y su jefe de Estado Mayor Conjunto”, agregó.
Responsabilidad
Por su parte, el abogado penalista Marlon Duarte destacó que la presidenta de la República, Xiomara Castro, como jefa constitucional de las Fuerzas Armadas, también forma parte de la cadena de mando conocida, seguida del ministro de Defensa y finalmente el jefe del Estado Mayor Conjunto.
Sin embargo, Duarte subrayó que durante el periodo electoral es el CNE el que dicta las directrices que los militares deben acatar.
Subrayó la importancia del principio de “confianza administrativa”, el cual establece que no se puede responsabilizar penalmente a la máxima autoridad (en este caso, el CNE o el jefe del Estado Mayor Conjunto) si hubo delegación clara de funciones y estas no fueron cumplidas por los subalternos.
“Por ejemplo, si el jefe de transporte del CNE ordenó por escrito al capitán encargado que se cumpliera con la distribución del material electoral, y este no reportó problemas logísticos ni informó que los camiones asignados no podían transportar las urnas, la responsabilidad inmediata recae en ese capitán”, explicó Duarte.
“O sea, no vamos a meter preso a todo el CNE ni a todas las FF AA, entonces ese es el principio de inmediatez, quien tiene acceso a que se cometa o no se cometa el delito”, agregó.
En tanto, el abogado Kenneth Madrid consideró que lo del domingo se trató más de una omisión o directrices incorrectas que se siguieron por parte de los efectivos militares. “Todos asumieron que era una orden correcta cuando no, entonces claro que hay responsabilidad y debe haber una investigación seria tanto para custodios electorales y civiles como para las Fuerzas Armadas”, mencionó.
El pasado lunes, el CNE destituyó a Joel Ramos, jefe de logística del ente electoral, mientras que el Ministerio Público tomó declaración al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. Además, este viernes se espera que los tres consejeros del CNE comparezcan ante las autoridades.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) también inició una investigación de oficio para determinar el origen del desorden y deducir responsabilidades.
“¿Por qué los militares, encabezados por Roosevelt Hernández, incumplieron con su mandato?”, cuestionó el abogado y catedrático investigador Lester Ramírez.
Ramírez enfatizó que, así como se destituyó a un funcionario del CNE, las Fuerzas Armadas deben asumir responsabilidades internas. “Los militares deben identificar y sancionar a quienes incumplieron con su deber. Hay una cadena de mando que se rompió en algún momento”, afirmó.
A su juicio, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, debería apartarse del cargo y delegar la responsabilidad en otros oficiales o conformar una comisión especial que incluya a miembros del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Monitoreo
Los entrevistados coinciden en que para el ejercicio democrático que se avecina es fundamental implementar mecanismos de control y transparencia que permitan a la población seguir en tiempo real la distribución y custodia del material electoral. “Tienen más de siete meses para poder planificar bien las elecciones, no hay excusas para que las cosas salgan bien”, mencionó Solórzano.
Los juristas destacaron la importancia de que el CNE habilite una plataforma en la que los ciudadanos puedan verificar el estado de sus mesas de votación, incluyendo la presencia de los miembros de la junta receptora y la disponibilidad del material necesario para el proceso.
“Ese es uno de los aspectos que nosotros siempre como buenas prácticas en la democracia hemos señalado. Así, si yo sé que tengo la urna 4054 en Tegucigalpa, yo puedo verificar si ya llegó, si está en el centro de votación, y también esto ayuda para que todos los organismos veedores también ejerzan una función de verificación, validación, y también, obviamente, denunciar si esa maleta no llegó a las 4 de la mañana, como es lo habitual”, mencionó Madrid.
Ramírez propuso también una especie de semáforo en cada centro de votación donde se pueda ver la disponibilidad de las Juntas Receptoras de Votos y del material electoral para poder ejercer el sufragio.
Duarte, por su parte, planteó que la clave está en la vigilancia y el acceso público a la información sobre la custodia del material electoral. “Las actividades antes y después de la entrega de las maletas deben ser públicas. Que todo quede registrado en video, con constancia escrita de la persona que recibe y del custodio que transporta”, explicó.
Además, coincidió en que las maletas deben ser rastreadas con GPS en una plataforma accesible para todos los ciudadanos, permitiendo monitorear en tiempo real su recorrido hasta los centros de votación. “Si la gente puede rastrear vuelos en todo el mundo, también debería poder rastrear el material electoral que garantiza su voto”, argumentó.
