San Pedro Sula, Honduras.
Maribel Espinoza, abogada de Aguas de San Pedro, denunció ante Diario LA PRENSA que autoridades de la Municipalidad de San Pedro Sula han estado promoviendo acciones al margen de la ley con la intención de dejar sin efecto el contrato de concesión firmado con esa empresa para favorecer intereses de terceros.
“No hay incumplimiento. Lo que quieren es expulsar a Aguas de San Pedro de la prestación del servicio y obviamente darle el servicio a un tercero”, denunció.
La abogada advirtió que, “si esto no se resuelve”, Aguas de San Pedro “ejercerá el derecho a concurrir a un tribunal arbitral en París (Francia) y eso va a traer un grave daño a los ciudadanos por la irresponsabilidad de funcionarios públicos que no están actuando dentro de la ley, sino al margen de ella”.
LEA: Honduras ha otorgado más de $29,000 millones en dispensas a lo largo de la última década
La demanda podría costarle por lo menos L492 millones (unos $20 millones) a la Municipalidad, sin embargo, los abogados de esta empresa no descartan que el valor sea mucho mayor.
“Son varios millones de dólares. La cuantía de la demanda se está trabajando. Tome en cuenta que al promover una pretensión en una corte arbitral ellos no tienen las influencias ni podrán haber los actos de corrupción que se dan en el país y por consiguiente, desde nuestra opinión profesional, creemos que le asiste la razón a Aguas de San Pedro”, dijo.
| La Municipalidad se contradice
En noviembre de 2017, la Unidad de Supervisión de Concesiones de la Municipalidad le emitió una constancia a Aguas de San Pedro en la cual estableció que “a la fecha de emisión del presente certificado, Aguas de San Pedro no registra multas ni sanciones por incumplimientos”. Ahora, la alcaldía y la concesionaria están enfrentadas.
|
También “anunció que nosotros, en representación de Aguas de San Pedro, vamos a presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a efecto de detallar todos los actos que pueden perjudicar a San Pedro Sula por daño patrimonial por actuaciones al margen de la ley de funcionarios”, advirtió.
Según Espinoza, las autoridades municipales han cometido el delito de abuso de autoridad porque han autorizado permisos de operación y la existencia de patronatos en el terreno que está destinado a la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras.
A juicio de la apoderada legal, para impedir que Aguas de San Pedro construya las plantas de tratamiento de aguas servidas, las autoridades municipales apoyaron, antes de las elecciones de 2017, las invasiones en el terreno que dio origen a dos colonias ilegales denominadas Juan Orlando Hernández e Impacto del Rey.
Ahora, “Aguas de San Pedro no puede promover ninguna acusación por usurpación, ni demanda reivindicatoria de dominio contra estas personas, porque no es la propietaria. La propietaria de esos terrenos es la Municipalidad de San Pedro Sula. Entonces, esos derechos solo pueden ser ejercidos por la Municipalidad de San Pedro Sula y no por Aguas de San Pedro”, explicó.
| Alcaldía no hizo caso al TSC
En 2015, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) le recomendó a la Municipalidad cercar el terreno para evitar las invasiones, pero no lo hizo.
|
La abogada dijo que detrás de esas invasiones, “hay un negocio implícito, el negocio de la compra (de parte de la Municipalidad) de otro terreno para instalar las plantas”.
“Hay información (...) que ellos (la Municipalidad) le ofrecieron a Aguas de San Pedro que prestara el servicio, pero que ellos iban a construir las plantas. La Municipalidad no puede construir las plantas si hay un contrato de concesión que establece que es Aguas de San Pedro la que debe construirlas” a partir del año tercero de la concesión, dijo.
Para afectar los proyectos de la concesionaria, según sus apoderados, la Municipalidad no solo apoyó la invasión del terreno, también intentó crear una crisis en el servicio de agua al tratar de expulsar a la empresa del edificio que actualmente ocupa. “Injustificadamente, la Municipalidad le promovió a Aguas de San Pedro una demanda de inquilinato para obligarla a salir del local que es de la propia Municipalidad. Con eso pretendía que San Pedro Sula se quedara sin agua, porque trasladar el equipo, el laboratorio (el mejor de Centroamérica), implicaba desconectar todos los sistemas. Aguas de San Pedro iba a tardar en restablecer el servicio entre 15 y 20 días. Eso quedó probado en juicio (...). Estos han sido actos dolosos con el objeto de ponerle fin al contrato”, dijo.
Respecto a la comisión de diputados que se reunió la semana pasada con funcionarios municipales, Espinoza dijo que “están prejuzgando, emitiendo opiniones irresponsablemente”.
“Nosotros, en representación de Aguas de San Pedro, le enviaremos una carta al presidente del Congreso Nacional para señalarle que ningún diputado puede tomar esas posiciones porque no están en el uso de sus atribuciones”. “Los equipos de abogados estamos trabajando en dos sentidos: preparándonos para el arbitraje y haciendo análisis sobre las acciones delictivas para promover la comisión de los delitos”, dijo.
