El dictamen sobre el proyecto de ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información que ha de sustituir a la anacrónica norma vigente está ya concluido y, de acuerdo con datos del Congreso Nacional, será aprobado en breve. En esencia, la nueva ley marco de Telcom busca liberalizar los negocios de ese ámbito y, asimismo, poner fin a la práctica injusta que concede privilegios a las dos grandes compañías extranjeras y niega todo derecho a las empresas nacionales.
La discriminación en este campo es tal que las firmas transnacionales son consideradas por la ley actual 'operadoras', en tanto que las firmas hondureñas reciben el título de 'suboperadoras'. La denominación, en sí misma, nos dice que hay empresas de primera y de segunda en el mismo gremio y, lo peor, que las de más bajo nivel son, evidentemente, las nuestras.
Tal atropello está expresamente prohibido por los principios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UTI, en inglés, así como por la Organización Mundial del Comercio, OMC; también es violatorio de la Constitución de la República y de la Ley Antimonopolio. Sin embargo, está vigente y goza de un entusiasta apoyo en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Sólo Dios lo sabe. Lo que sí parece verdadero es lo publicado en los medios en el sentido de que la nueva Ley de telecomunicaciones será aprobada antes de que concluya octubre, ya que de lo contrario se suspenderán las varias asistencias económicas del Banco Mundial, el BID, el gobierno de EUA y la comunidad cooperante.
En adición a lo dicho, hay otras graves amenazas. Una de las más serias es la que hace relación con el flujo del libre comercio entre EUA y Honduras al amparo del Cafta. Si aplicando medidas que la OMC aprueba y que el Tratado consigna se bloqueara el ingreso de exportaciones de nuestro país al megamercado nórdico, el costo sobre la economía nacional sería devastador.
Una nueva iniciativa ha surgido en Washington y, si actuamos con inteligencia, la podemos, y debemos, aprovechar. Es una propuesta formulada por varios miembros del Congreso norteamericano que han pedido que, como un alivio a los daños provocados por el reciente huracán, se reabra la inscripción de hondureños y nicaragüenses en el TPS. Nadie ignora que los hondureños que trabajan en EUA envían millones a nuestro país y han contribuido a mejorar el desempeño económico de la nación. No queremos creer que quienes se lucran de negocios ilícitos al amparo del tráfico gris, negro o del color que sea, son más importantes para el gobernante que el interés nacional. Por eso esperamos que se cierre este capítulo, se modernice la legislación y abramos de par en par las puertas a la alta tecnología, la libre competencia y, Dios quiera, al combate apasionado y eficaz en contra de la corrupción.
