La Constitución política hondureña establece como principio fundamental e inalienable que el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Las leyes de protección de la niñez, de acuerdo a nuestra ley fundamental, son de orden público, es decir, ineludibles y de riguroso cumplimiento, y los establecimientos oficiales destinados a dicho fin tendrán el carácter de centros de asistencia social. Como un enunciado más, se preceptúa que los menores de edad deficientes físicamente o desamparados deben estar sometidos a vigilancia y protección, ya prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos y de los cuales nuestro país es parte como signatario.
La Prensa publicó recientemente el caso del niño Elmer Vásquez, de escasos seis años de edad, quien adoleciendo de una desnutrición severa y otras enfermedades concomitantes fue ingresado, en un intento por salvarle la vida, al hospital Juan Manuel Gálvez de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira. Por su patetismo el caso conmovió a la sociedad hondureña; los pediatras del indicado centro recomendaron que debería ser trasladado a la ciudad de Tegucigalpa para recibir un tratamiento especializado, lo que no fue posible debido a la falta de recursos económicos de sus padres. El niño vivió en casi toda su malograda existencia abandonado a su suerte en su comunidad, en condiciones muy precarias o de extrema pobreza, lo cual le originó desnutrición, complicada con otros padecimientos que lamentablemente lo llevaron a la tumba.
Elmer debe ser un ícono de la niñez desvalida, su muerte no debe quedar en vano y hacernos reflexionar, como si fuera un dedo acusatorio, que existen tierra adentro centenares de miles de casos similares al suyo, producto de la pobreza y de la ineficiencia gubernamental al no garantizar, como es su obligación, el bienestar general de los niños desamparados y proporcionar la protección integral de estos, individualmente considerados.
En pleno siglo XXI estos lamentables casos no deben suceder, Honduras debe hacer sus mejores esfuerzos para el establecimiento de una sociedad más justa y respetuosa de los valores humanos privilegiada por la ética y la solidaridad. Las instituciones como el Instituto de la Niñez, los Juzgados de Familia, La Fiscalía de Protección de la Niñez, el Ministerio de Salud y la Oficina de la Primera Dama, todas deben cumplir responsablemente y retomar su papel protector de la niñez, sin marginalidad e injusticias. ¿Será mucho pedir?
