El cierre de empresas maquiladoras, que generan miles de puestos de trabajo, se incrementó a partir del período 2022-2023, de acuerdo con cifras divulgadas por el Banco Central de Honduras, cuando se redujeron los empleos de 162,650 a 139,163; es decir, 23,487 menos, impactando a nivel nacional, particularmente en la costa norte (Cortés, Atlántida, Yoro), la de mayor dinamismo y crecimiento en el país.
Los obreros hoy carentes de ingresos para el sustento cotidiano enfrentan un panorama sombrío y dramático que los ha impulsado a adoptar medidas de presión a efecto de que les sean cancelados sus derechos laborales consignados en la legislación nacional.
En procura de obtener el pago de prestaciones y cesantías no se encuentran solos. Tanto la Asociación Hondureña de Empresas Maquiladoras como el Gobierno han iniciado la coordinación de acciones a efecto de contribuir a resolverles su actual deprimente e insostenible condición.
Daniel Facussé, presidente de las maquilas, señaló, de manera puntual, cuatro aspectos esenciales, aplicables tanto en la actual coyuntura como para el próximo año: cumplimiento de los derechos laborales, sostenibilidad de los empleos en el sector textil, generación de fuentes de trabajo y diálogo permanente empresa privada-Gobierno. El Gobierno, por su parte, por medio del ministro de Trabajo, inició un diálogo tanto con la directiva del sector maquilador como con los trabajadores, lo que debe ser el inicio de tender puentes de entendimiento y acercamiento entre empresa privada, oficialismo y obreros.
La creación del Consejo de Competitividad entre el Gobierno y el Cohep, en abril del presente año, no resultó en el inicio de acciones concretas, pese a que su presidenta Anabel Gallardo le ha presentado diversas opciones a la mandataria Xiomara Castro; entre ellas, el pacto por el empleo, las mesas de competitividad y la necesidad de restaurar la legislación relativa al empleo temporal. El Fondo Monetario Internacional también recomendó acercamientos entre ambos sectores, que pueden y deben hacerse efectivos a la brevedad, sin evasivas ni dilatorias.
Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas revelan que para 2023, de 9.9 millones, 6.6 millones, o sea el 70% de la población, se encontraban en condición de pobreza: 2.2 millones en pobreza relativa y 4.4 millones en pobreza extrema. La carencia de oportunidades de empleo formal resulta en un alto nivel de desempleo y una creciente precarización de las condiciones de ocupación, reflejadas en que al menos seis de cada diez trabajadores se encuentren en la categoría de subocupación e informalidad laboral. Un extremo sentido de urgencia debe conducir a adoptar acciones inmediatas aquí y ahora.
