Que nuestro país requiere, con carácter de urgencia, inversiones de capital tanto de los sectores estatal como privado -nacional y extranjero- no se discute, ya que la actual contracción económica necesita dinamizarse para beneficio de la nación y sus habitantes.
Tanto la inversión nacional como la extranjera directa presentan niveles de crecimiento desigual y fluctuante, de acuerdo con cifras del BCH. La primera, en promedio, apenas ha contribuido al PIB en un 23.41% y al crecimiento económico en un 1.31% anuales, en tanto, la segunda promedia un 3.55%, representando solamente un 4.9% del PIB anual.
Los proyectos de Alianza Pública Privada (APP) fueron implementados mediante decreto legislativo No. 143-2010, al igual que la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada. Coalianza era la entidad encargada de gestionar y promover proyectos de APP, empero para 2019 fue clausurada, desaparecieron los proyectos, quedando solamente la Superintendencia de la Alianza Pública Privada.
La inversión en infraestructura: Corredor Logístico, Siglo XXI en San Pedro Sula, terminal de contenedores, graneles y sólidos en Puerto Cortés, sistemas de distribución, comercialización y facturación de la Empresa Energía Honduras, Aeropuerto de Palmerola, para mencionar algunos ejemplos, han reportado beneficios significativos para los inversionistas privados, no así para el Gobierno, que ha percibido utilidades mínimas. La asimetría es notoria, en perjuicio del Estado. Ya para 2023, el Gobierno tuvo que pagar $107.56 millones de dólares como compromiso firme para garantizar el mantenimiento, operación y rentabilidad de los proyectos de APP. Los aportes por regularización apenas llegan hasta el 1%.
Se ha carecido tanto de transparencia como de adecuada planificación por parte de los negociadores gubernamentales, concluyéndose que ha habido incompetencia manifiesta o colusión, lo que no puede continuar en aras del combate al cohecho, que impacta en el deterioro en fuentes de trabajo, aumento en el sector informal -carente de ingresos fijos y protección social-, creciente migración al extranjero, escasez de mano de obra calificada, exacerbando la pobreza, desigualdad y exclusión, que afectan al 70% de la población.
La inversión pública y privada deben converger a efecto de fortalecer la infraestructura y el crecimiento y desarrollo humano y material. Establecer un plan estratégico de corto plazo que identifique áreas prioritarias, adecuar el marco legal, fomentar la innovación en infraestructura productiva, implementar planes de expansión de obras de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mejorando la eficiencia de las redes de distribución y la calidad del servicio a los usuarios, constituyen algunas medidas que revisten carácter de urgencia.
