La reciente captura de los hermanos Valle Valle y el inmediato proceso de extradición iniciado por un juez natural muestra, una vez más, la férrea voluntad de enfrentar de lleno y frontalmente el flagelo del tráfico de droga que utiliza nuestro país como puente entre el sur, productor, y el norte consumidor, como lo ha denunciado el presidente Juan Orlando Hernández en su participación en la Asamblea General de la ONU y su visita a España y a los organismos de la Unión Europea.
Aunque fue novedad el discurso presidencial por los lugares donde fue pronunciado y la claridad con que señaló responsabilidades, lo más importante es el trabajo planificado y de inteligencia que han venido haciendo las fuerzas policiales que “no descuidamos ninguno de los aspectos, no descartamos nada”, en palabras del Ramón Sabillón, director de la Policía Nacional.
Se ha dado un paso fundamental y necesario contra los carteles de las drogas, identificados plenamente por la Oficina de Administración y control de Drogas de Estados Unidos (DEA) cuya participación en el diseño de las operaciones y capturas fue reconocida por las autoridades nacionales.
Terminó el mutismo, como reflejo de complicidad, y de la denuncia con ribetes de afectividad, al ligarla al fenómeno de la migración de menores, se pasó a las acciones plenamente efectivas, cuyos resultados se evalúan por capturas y extradición hacia la Unión Americana.
Como señala la sabiduría popular, “querer es poder” y con anterioridad el argumento del no poder estaba sostenido por la ausencia de voluntad, en no querer.
Del silencio, fuente de colusión, se ha pasado a las palabras y a las acciones de manera que “esto es apenas el inicio, porque seguiremos trabajando de manera articulada con todos los operadores de justicia para recuperar la paz y la tranquilidad”, reaccionó el presidente Juan Orlando Hernández.
Queda bien marcada la diferencia, un antes y un después puede y debe significar el inicio de la ruta anhelada por todos los hondureños hacia la convivencia, la paz, la libertad y la justicia con la erradicación de la corrupción y la impunidad, a cuyo amparo se han ido creando unos cuasi gobiernos territoriales, zonales o sectoriales por medio del dinero, las amenazas y el crimen.
El desafío es descomunal pero identificados los objetivos: “atacar el auge del crimen organizado, el ilícito funcional como la corrupción y la expansión de la delincuencia común”, según explica Óscar Chinchilla, fiscal general, la recuperación de la paz y la tranquilidad está más cercana porque además se quiere y, por tanto, se puede.
