La toma violenta e ilícita de fundos privados en plena producción, cuyos propietarios acreditan su tenencia con documentación que los respalda como legítimos propietarios, experimentan cuantiosos daños que inciden en la fuerza laboral que presta sus servicios en plantaciones y fincas, al dejar de percibir ingresos que hacen posible su subsistencia y la de sus familias. En varias ocasiones han ocurrido derramamientos de sangre entre invasores y guardias de seguridad privados, principalmente en la zona del Aguán. Esto ha ocurrido desde hace décadas, sin que se avizore un cese en tales enfrentamientos.
No es casual, entonces, que la inversión nacional y extranjera se ha contraído significativamente ante el clima de zozobra, violencia e incertidumbre prevaleciente que desalienta e inhibe a potenciales inversores, que reorientan sus capitales hacia otras naciones en donde se garantiza la estabilidad y la recta aplicación de la legislación.
Tanto la producción agrícola para consumo interno como la orientada a mercados internacionales ha decaído significativamente, afectando la seguridad alimentaria de la población y la captación de divisas. Granos básicos, frutas, legumbres que antes abastecían la demanda nacional, hoy cíclicamente son importados.
Las condiciones meteorológicas adversas (inicialmente severa sequía, pero en la actualidad intensas lluvias) se agregan para entender la actual crisis, agravada por el hecho de no existir una adecuada cadena de distribución del agro a los centros urbanos, con una muy dañada infraestructura.
El asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Olvin Mondragón, calcula que alrededor de 6,000 manzanas de tierras están invadidas en ocho departamentos y 17 municipios en diferentes regiones del país. A un año de su creación, la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra ha demostrado su ineficiencia y pasividad para poner un alto a tales usurpaciones, en tanto el Instituto Nacional Agrario (INA) no ha procedido en base a un registro catastral, a distribuir tierras nacionales entre el campesinado que carece de tal recurso natural.
La pasividad e indiferencia por parte de la actual administración se añaden para agravar aún más las tensiones agrarias que recuerdan las ocurridas a lo largo de la década de los 70 cuando el populismo castrense afectó, en su plan redistributivo, sobre todo a pequeños y medianos propietarios de tierras.
Hoy se repite y acrecienta tal panorama desolador.
