En Honduras defender los recursos naturales puede conducir al acoso, la cárcel, la muerte. Ese ha sido el destino violento del compatriota Juan López, ocurrido el 14 del corriente en Tocoa, quien pese a contar con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nunca contó con efectivos policiales que le brindaran protección a su integridad física. Él fue defensor intransigente de los ríos Guapinol y San Pedro, cuyas aguas han sido contaminadas por la empresa minera Inversiones Pinares, además de dirigente del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, regidor de la municipalidad de ese centro urbano. Públicamente solicitó al alcalde Adán Fúnez interpusiera su renuncia por sus nexos con el narcotráfico.
Si en 2022 fueron asesinados 14 ambientalistas, en 2023 fueron 18, el mayor número en Centroamérica. En el actual gobierno han perdido la vida 8 ambientalistas que contaban con medidas de protección otorgadas por la CIDH.
El movimiento ambientalista se opone al modelo extractivista que depreda, contamina aguas, suelos, atmósfera, degradando los ecosistemas, generando igualmente deforestación y enfermedades a los pobladores por estar expuestos a tóxicos, también a la flora y fauna, exponiendo a las comunidades a situaciones de riesgo y vulnerabilidad.
De acuerdo con la iniciativa de Adaptación Global de Notre Dame (ND-GAIN-2018), Honduras está evaluada como la nación número 67 más vulnerable en el índice de 181 países, siendo el 28 país menos preparado en dicho índice.
Desde 1963 Honduras registra un incremento de 0.6 grados centígrados de promedio por decenio, con temperaturas más elevadas en la estación seca, y un incremento de 1.2% de lluvias severas por década, con mayor número de días y noches cálidas, con menor frecuencia de lluvias en el noreste y sureste, con un aumento en la frecuencia e intensidad de los ciclos de los fenómenos El Niño y La Niña, impactando negativamente en los sistemas alimentarios.
Tanto organizaciones nacionales, entre ellas el Copinh, la Conferencia Episcopal, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, los medios de comunicación, al igual que países amigos por medio de sus embajadores: Estados Unidos, la Comunidad Europea, España, Francia, Alemania, las Naciones Unidas mediante la representante de OACNUDH, han demandado una investigación exhaustiva e inmediata que dé con los autores materiales e intelectuales de este hecho trágico, que ojalá no quede en la impunidad como ha sido la norma antes que la excepción.
Ha muerto un compatriota íntegro, investido de una conducta cívica en incesante búsqueda del bien común. Que su sangre derramada no haya sido en vano y que su ejemplo de entrega a una causa humanitaria perdure y se multiplique.
