Nuestra Constitución política, en el capítulo IV, artículos 119 al 126, Derechos del Niño, protege jurídicamente a nuestro más preciado recurso humano; loables y admirables las intenciones de los legisladores. Desgraciadamente, no se traducen en garantías reales y cotidianas para la gran mayoría de nuestros pequeños (as) compatriotas, cuyo hoy y mañana dependen de factores múltiples: paternidad irresponsable, pobreza -desde relativa a extrema-, desintegración hogareña, orfandad, violencia, entre otras formas diversas de discriminación y vulneración en sus derechos, abandono, maltratos, castigos físicos y mentales como métodos disciplinarios, colocando en situación de riesgo su integridad física, emocional y psicológica. Los traumas originados en la edad formativa repercuten a lo largo de sus vidas, impidiendo la formación de una personalidad integral, en lo humano y en la forja de ciudadanía responsable y participativa.
Miles de ellas y ellos padecen de desnutrición crónica: dos de cada 10, registrando bajo peso corporal desde su nacimiento. Ausentismo, deserción escolar, trabajo infantil, abuso y explotación sexual -incluso por parte de familiares-, forzadas (os) a prostituirse para contribuir a los ingresos familiares, exhibidas (os) en videos pornográficos, obligados a mendigar.
El dengue, infecciones respiratorias agudas, diarreas, son algunas de las enfermedades que pueden prevenirse y tratarse, una de las causales de la mortalidad infantil.
Niños (as) migrantes, expuestos a todo tipo de peligros y acechanzas, particular pero no exclusivamente si viajan solos (as) sea para intentar la reunificación familiar o bien huyendo de condiciones inhumanas, que exceden los límites de tolerancia incluso para adultos.
Unicef nos recuerda: “Niñas y niños no son solo sujetos de derecho individual, sino que también son sujetos de derecho colectivo: están inmersos en una familia, una comunidad y un pueblo dentro de un territorio”.
No solamente al Estado compete la protección y bienestar de nuestra niñez, de igual manera a la sociedad en su conjunto, a los sistemas sanitario y educativo, a los poderes locales.
La brecha entre las mayorías desheredadas y las minorías privilegiadas en razón de ingresos y oportunidades disponibles, continúa ahondándose, consolidando a dos sociedades y dos naciones: la marginal y la próspera, la desheredada y la afortunada. Lacerante realidad que no puede continuar indefinidamente, a riesgo de la total ingobernabilidad y la pérdida del sentido de pertenencia a un país por todos compartido.
