Como si fuese una clase magistral en una connotada universidad con participación en traje formal por respeto a la institución y a la personalidad que expone, escuchamos con frecuencia las rimbombantes conferencias, declaraciones o pronunciamientos sobre el cambio climático y sus consecuencias que no son del futuro, sino del angustiante presente en el campo y en las ciudades, pues los fenómenos naturales golpean más duramente la vida de millones de personas en quienes se reflejan la pobreza y la exclusión.
Ante esta realidad, no académica sino vital, la depredación que el diccionario de la Rae define como la acción y efecto de robar, saquear con violencia y destrozo, sigue dejando huella en el ámbito nacional sin que los organismos del Estado o entidades municipales se enfrenten a los depredadores que destruyen, arrasan y desaparecen, dejando daños irreparables en las comunidades.
Pobladores del municipio de Macuelizo, en Santa Bárbara, ocuparon la carretera de Occidente y bloquearon el paso de vehículos durante horas, lo cual está reñido con el derecho a la libre circulación de las personas, pero es que “se han puesto denuncias por todos lados y la Fiscalía se queda de brazos cruzados”, es el señalamiento de dirigentes comunales por la contaminación en uno de los ríos donde en la extracción de mineral se utilizan sustancias químicas que contaminan el agua.
“Hay gente enferma, con ronchas, tos, animales que han muerto, el tabaco dañado en su hoja, las milpas que no pueden ser regadas, y las máquinas siguen trabajando”, explica un dirigente comunal. La maquinaria no contamina, destruye el cauce natural del río con nefastas consecuencias cuando lleguen las lluvias, pues se incrementa la vulnerabilidad en la zona. La contaminación se produce al tratar el material extraído del río en donde se vierten los residuos contaminantes que llegan a las casas, los cultivos o los abrevaderos donde beben los animales.
Hay un organismo, la Fiscalía del Ambiente, cuya labor, por las razones que sean, brilla por su ausencia de manera que arrasar bosques, eliminar los nacimientos de agua, destruir o desviar cauces de ríos, contaminar sus aguas no preocupan hasta que las protestas airadas de las víctimas llegan a afectar el normal procedimiento de la ciudadanía. Prevenir no se halla en la agenda gubernamental ni municipal.
El destrozo de las máquinas es una cosa, la contaminación del agua es otra, ambas, en todo caso, atentan contra la vida de cientos de familias que habitan en los municipios de Macuelizo y Nueva Frontera.
