La penetración del crimen organizado en las instituciones estatales continúa imparable. Ya no solo la Policía, la judicatura, los partidos políticos, el Poder Legislativo, también las Fuerzas Armadas, con graves implicaciones para su estabilidad y prestigio.
El arresto del director del centro penal La Tolva, ubicado en Morocelí, El Paraíso, acusado por la fiscalía de ser quien autorizó el ingreso de manera irregular de casi medio millón de lempiras a ese centro carcelario, sin ningún control ni registro, con la complicidad de una profesional del derecho, suma destinada a reclusos miembros de la pandilla 18, revela la complicidad de otro alto oficial castrense con facciones delincuenciales.
No solo continúa el envío de drogas hacia Estados Unidos y Europa, crece igualmente el consumo interno afectando especialmente a la juventud sin existir adecuados y suficientes centros de prevención, rehabilitación y reinserción social.
También han aumentado las áreas dedicadas al cultivo de drogas y el número de personas involucradas en la comercialización, el menudeo de estupefacientes, el lavado de activos y la violencia en sus distintas modalidades.
Recientemente, las autoridades han decomisado en el territorio nacional varios cargamentos de fentanilo, una droga más potente y letal que la heroína.
Ya no solo el territorio nacional es ruta de tránsito de drogas procedentes de Sudamérica, sino que más y más cantidades abastecen la demanda interna.
El 2006, con pleno conocimiento de causa, el mártir Alfredo Landaverde, asesinado por orden de los capos del narcotráfico, escribió: “Al igual que las organizaciones criminales de México y Colombia, los narcotraficantes hondureños se dedicaron a lavar activos y a otros delitos conexos: intensificaron el soborno, las amenazas y el reclutamiento de funcionarios públicos de mediano y alto nivel, así como la infiltración de los organismos operadores de justicia y de las Fuerzas Armadas”.
No solo la salud pública y privada es afectada por el consumo de drogas, de igual manera la economía familiar y colectiva, la moralidad, seguridad, gobernabilidad, institucionalidad. Nuestro frágil e incipiente sistema democrático está siendo socavado desde adentro, de manera sistemática y coordinada.
Un sentido de urgencia y máxima prioridad debe estar presente tanto en los organismos de defensa y combate a la delincuencia en todas sus modalidades como, de igual manera, en la población.
