Es doloroso ver cómo el cinturón de miseria alrededor de San Pedro Sula se ha ensanchado en el último año. Creció al mismo ritmo que ha aumentado la pobreza por culpa del galopante desempleo. Las más recientes cifras son dramáticas: 22,000 familias, unos 120,000 hondureños que no pueden pagar más alquiler que el que les piden en estos cuartos hechos de desperdicios de láminas y madera que se levantan en las orillas de los ríos. Los que pueden, duermen en camas, si no les queda el pedazo de suelo.

Esos bordos no solo se han ensanchado con oriundos de las poblaciones cercanas a San Pedro Sula, sino con familias que llegaron de municipios del interior creyendo que en la ciudad resolverían sus problemas económicos. Pero la urbe les decepcionó, tanto como les han fallado los políticos y funcionarios que prometieron una mejor vida a sus comunidades. A finales de 2013, vivían unas 11,000 familias en los 20 bordos, de acuerdo con la Comisión de Acción Social Menonita. Esos números se duplicaron en los últimos ocho años, en un país donde avanza peligrosamente la pobreza extrema y la desigualdad.

Y si bien en estos cinturones tienen energía eléctrica, que no pagan, la inmensa mayoría carece de agua potable, no tienen sanitarios, se bañan en el río y, en esas mismas aguas, lanzan la basura —la que no botan en calles cercanas—, en un ambiente insalubre que les acorta la vida y golpea, especialmente, al sector noroeste sampedrano. Esa insalubridad al final daña a toda la ciudad donde no han conseguido trabajo, ni han logrado el acceso a la educación ni a la salud pública que buscaban cuando emigraron del interior. Son víctimas de la ausencia de verdaderas estrategias para reducir la pobreza, de la inefectividad de programas sociales que apenas han sido paliativos, disuasivos para bajar la tensión cuando hay muy poco o nada que poner sobre la mesa.

La población en estos bordos son un reflejo de la situación del país y que, como tal, urge de respuestas al más alto nivel. No es un tema solo de la Municipalidad sampedrana, que claro tiene una enorme responsabilidad, sino de todo el valle de Sula y del Gobierno central que debe ser capaz de generar oportunidades en el interior para detener la migración a las ciudades. Cómo evitar que aumente la población que emigra del campo a las ciudades, es una de las respuestas que los hondureños estamos esperando de quienes aspiran a ser presidente, alcaldes y diputados, una estrategia que no solo es económica, sino abarca otros enfoques vitales, incluida la disminución de la violencia. Pero, a dos semanas de las elecciones, seguimos esperando esas propuestas.