Diversos sectores han expresado su satisfacción, esta semana, cuando ha sido derogada la lesiva Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional —la perniciosa Ley de Secretos Oficiales— que ha venido impidiendo un trabajo más profundo de los organismos dedicados a la lucha contra la corrupción y a los medios de comunicación que invierten talento humano y tiempo en la producción de investigaciones para fiscalizar a las instituciones públicas.
Deshacerse de esa ley, aprobada en enero de 2014, había sido una batalla perdida que, ocho años después, parece que finalmente se ha ganado. Su derogación facilitará las indagaciones sobre el manejo de los fondos públicos al botarse ese vergonzoso muro que ha servido para blindar la corrupción en Honduras, el más grande pacto de impunidad de los políticos arropados en la “cultura del secreto”.
Desde que el Legislativo ratificó la ley —en una de esas maratónicas sesiones de madrugada— sobraron las críticas por ser una normativa ambigua que carecía de claridad sobre qué se entiende por seguridad nacional. Y es esa indefinición la que ha permitido a los funcionarios esconder todo aquello que consideren “sensible” al tipificarlo como secreto por temas de seguridad. Bajo ese argumento se ha escondido —por plazos que pueden ir de cinco a 25 años— información sobre contratos, licitaciones, procesos administrativos y manejo de presupuestos que fueron clasificados como “confidenciales, secretos y ultrasecretos”.
Y así como su promulgación trajo oscurantismo y decepción, la anulación de la Ley de Secretos es un hecho histórico que debe celebrarse porque ilumina con transparencia e integridad un camino más digno para la nación; su anulación fortalece el acceso a la información pública y engrandece las libertades de expresión e información. ¿Cómo no estar aliviados con la derogación de un instrumento que ha sido lesivo al derecho de los ciudadanos a estar informados y permisivo a los funcionarios corruptos?
Como apuntaba el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, “los ciudadanos y el país ganan cuando los gobiernos son más transparentes y la prensa puede fiscalizar mejor todos aquellos asuntos con los que el poder político podría intentar mantener a oscuras a la ciudadanía”.
Esperamos se cumplan las promesas de transparencia del nuevo Gobierno y no se monten otros blindajes que habiliten la corrupción. Por ahora, aplaudimos la caída de este que era monstruoso.
