Corresponde al pleno del soberano Congreso Nacional analizar detenidamente el proyecto redactado por el Poder Ejecutivo, mismo que ha generado polémica y debates, algo que así debe ocurrir, a efecto de examinar en detalle tanto los aspectos positivos como negativos de su contenido, para, eventualmente, contar con una legislación ajustada a nuestras realidades específicas y condiciones económicas y sociales actuales.
Los diputados no deben pasar por alto diversos artículos constitucionales: “La economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática y armónica de diversas formas de propiedad y de empresa” (330). “El sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente” (351).
Igualmente, deben sesionar en un ambiente de paz y concordia, absteniéndose tanto de exaltaciones, irrespetos, recíprocas acusaciones, así como de enviar noticias falsas que generan desinformaciones.
El contenido del borrador de esta ley contiene dos elementos torales, de acuerdo con los expertos: las creaciones de regímenes y la supresión de los vigentes y la eliminación de exoneraciones fiscales, de las que actualmente existen más de siete tipos diferentes.
Han sido otorgadas por el Estado con el fin de promover actividades económicas, dinamizarlas y diversificarlas, y de alcanzar ciertos objetivos de política pública. Abarcan franquicias, incentivos, dispensas, concesiones, regímenes especiales.
Ciertas empresas se han extralimitado de las mismas, por lo que el consejo formulado por Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, resulta oportuno: Lo que se tiene que hacer es sancionar a los que han abusado de los regímenes, no eliminarlos”, teniendo en cuenta tanto el menor grado de desarrollo de nuestro empresariado en comparación con el existente en otras naciones, como la generación de fuentes de empleo directo que generan.
La reforma fiscal no se refiere únicamente a la tributación, ya que incluye, igualmente, el gasto público, la transparencia fiscal, el endeudamiento estatal y otros aspectos financieros, la manera en que se invierten los recursos públicos y en beneficio de quién o quiénes, en búsqueda que los beneficios del desarrollo y crecimiento sean distribuidos en condiciones equitativas, garantizando a la ciudadanía sus derechos fundamentales.
