Los resultados de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) durante los últimos años y la permanente sangría a la que ha estado sometida condujeron a la institución, calificada como la más exitosa del sector público, al desequilibrio en las finanzas, a la obsolescencia en el equipo y al congelamiento en obras de expansión necesarias para el ágil y eficiente servicio del tráfico marítimo.
La transición de la actual administración a la empresa Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), subsidiaria de una multinacional con sede en Filipinas, está hallando obstáculos entre trabajadores que temen sean violentados sus derechos, pese al compromiso de su cumplimiento por parte de los nuevos operadores de las labores portuarias.
Sin embargo, más que incumplimiento, el temor nace por las nuevas condiciones de contratación que, sin duda, serán mucho más exigentes en el trabajo y en los resultados, de manera que la acumulación de beneficios en negociaciones colectivas con funcionarios o ejecutivos complacientes ya no serán posibles.
Las discrepancias en la política salarial y la valoración de la experiencia marcan la distancia para llegar a un arreglo aún con la intervención de una comisión especial, cuyo objetivo es “acelerar el paso de las negociaciones’ y “garantizar que todo se realice de la forma más tranquila posible”.
El cambio real, no como el que se escucha en las campañas políticas, está a la puerta de la ENP con fecha fija. Así lo han comprendido empleados que ya han sido contratados tras recibir los recursos de sus derechos laborales. Según acuerdo original, el 60% de los empleados en esta nueva etapa de la Portuaria está siendo escogido de la lista presentada a los operadores internacionales.
Hay marejada de fondo o quizás visible, de manera que podemos decir que el oleaje está alto en la bahía, en el muelle y en las oficinas en estos pocos días que faltan para definir todo lo relativo al traspaso, que debiera hacerse con normalidad para no atrasar las labores de carga y descarga de barcos y no entorpecer las tareas administrativas.
Tratando de disminuir la tirantez, el gerente José Darío Gámez señaló que “todos los enojos y malestares han sido por malentendidos y por falta de comunicación fluida”.
El optimismo reflejado en las complacientes declaraciones dista mucho de la realidad con un sindicato a la defensiva, pues “han querido deshacer nuestro sindicato, pero no lo vamos a permitir”, y con los nuevos operadores exigiendo el cumplimiento del contrato en tiempo y forma como dicen los profesionales del derecho.
La batería pesada que integra la comisión presidencial abre espacio para que las negociaciones den frutos esta misma semana y la Portuaria, “joya de corona”, vuelva a ser la puerta “grande” del istmo, orgullo nacional y fuente de empleo y recursos para el desarrollo y la prosperidad de la ciudad puerto.