El análisis de la ratificación del decreto 4-2022, o Ley de Amnistía Política, aprobado por mayoría de magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia, debe incluir dos aspectos: por una parte, lo relativo al reconocimiento y declaratoria legal del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras, conocido como Acuerdo de Cartagena, suscrito por los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales. Igualmente, la continuidad de la vigencia en la legislación hondureña de la amnistía para defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
De otra, el beneficio legal otorgado a funcionarios de la administración Zelaya Rosales, varios de ellos fungiendo en el actual gobierno de la presidenta Castro en calidad de diputados, funcionarios, asesores, acusados de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, delitos de carácter penal, civil y administrativo, sin vínculo alguno con hechos de naturaleza y contenido político.
El primer elemento es positivo, por cuanto busca consolidar la protección jurídica de quienes, arriesgando sus vidas, han y continúan defendiendo causas nobles de carácter humanitario y ambiental amparados por la legislación nacional e internacional y que benefician al bien común: la convivencia pacífica y armónica de nuestros compatriotas, sin distingos de militancia política, sin acciones represivas por sus creencias y actuaciones enmarcadas en la ley.
El segundo significa no solo un retroceso en el Estado de derecho, en la impartición de justicia equitativa y no selectiva, en la seguridad jurídica, en la gobernabilidad, resultando de hecho en el blindaje de la corrupción y el reforzamiento aún mayor de la impunidad, elementos que han sido denunciados y condenados por la sociedad civil y sus diversos sectores.
Definitivamente, toda esperanza del arribo de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih) queda cancelada, por cuanto uno de los requisitos planteados por las Naciones Unidas para su llegada es la derogatoria del decreto 4-2022.
Se cierra, herméticamente, cualquier avance en la aspiración colectiva por contar con un Poder Judicial independiente, sin nexos de subordinación con los otros dos poderes estatales: el Ejecutivo y Legislativo, ni con intereses fácticos.
De igual manera, el proceso democratizador sufre un revés, consolidando el autoritarismo. Las perspectivas presentes y futuras para el destino y rumbo de la nación están lejos de ser bonancibles, todo lo contrario.
