El arresto de tres generales en situación de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto Fúnez, acusados de homicidio en perjuicio del joven Isy Obed Murillo en julio de 2009, ha generado diversos comentarios y análisis, unos objetivos, otros emotivos, por lo que hay que saber leer entre líneas su intencionalidad y propósito.
La posición hecha pública por la Asociación para una Sociedad más Justa es, sin duda, correcta, y aborda la esencia de esta compleja trama, que ha tenido múltiples repercusiones a partir del derrocamiento del entonces gobernante Manuel Zelaya Rosales.
En lo esencial, el comunicado de esta filial hondureña de Amnistía Internacional, que goza de merecida credibilidad en todo el mundo, por su independencia e investigaciones exhaustivas, dice así: “Honduras necesita una justicia que sea real, imparcial y transparente, que sirva como pilar para la construcción de una sociedad más justa en beneficio de los más vulnerables (...). Demandamos una investigación exhaustiva y completa de todos los asesinatos ocurridos en ese período, tal como lo establece el Informe de la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Subrayamos la importancia de que se respete el debido proceso en conformidad con la ley. La verdad y la justicia no pueden ni deben ser negociables, deben prevalecer, pero subrayamos que estos procesos no deben estar motivados políticamente ni deben ser utilizados como instrumentos de manipulación”.
En efecto, los principios fundamentales del derecho, que son la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, deben guiar a la Fiscalía y a los tribunales a lo largo de este proceso judicial. Nadie, cualesquiera sea su rango, posición social y económica, debe considerarse impune para perpetrar hechos antijurídicos así como también el tener acceso a todos los medios probatorios que presente la parte acusadora, para de esa manera poder delinear las estrategias que su defensa organizará para demostrar su inocencia.
El hecho de que altos funcionarios del actual gobierno estén emitiendo declaraciones aplaudiendo la iniciativa del Fiscal General, más bien perjudica su credibilidad al inferirse que la motivación política partidaria está presente en la orden de captura y la correspondiente acusación.
Se preguntarán nuestros lectores el porqué tan altos oficiales militares son imputados, cuando ellos no dispararon armas de fuego. Se procede de esa manera por el principio de la obediencia debida por parte de los subordinados que recibieron órdenes específicas y por disciplina, debían acatarlas.
La población espera que a partir de ahora, más temprano que tarde prevalezca la verdad, total, límpida, transparente, desprovista de cualesquier prejuicio y sesgo. Ya lo consignó la santa Biblia: “La verdad os hará libres”.
