Las invasiones a plantaciones dedicadas al cultivo de palma africana en los departamentos de Atlántida y Colón por parte de grupos fuertemente armados se han intensificado recientemente, perjudicando no solo a los inversionistas, también a las y los trabajadores que laboran en dichas empresas, al igual que al fisco que deja de percibir cantidades significativas por concepto de exportación de derivados de este vegetal, particularmente aceite, que de acuerdo a cifras divulgadas por el Banco Central ha desplazado al banano como segundo rubro agrícola de exportación, abriendo nuevos mercados en el exterior, además de incrementar la diversificación agrícola que ya no depende de uno o unos pocos productos exportables como ocurría hasta hace algunas décadas.
La Secretaría de Seguridad ha sido incapaz de garantizar la vida y propiedad privada en esta cada vez más conflictiva región.
El ministro de tal cartera se ha desplazado a la zona para investigar in situ la conflictividad imperante, pero sin producir resultados concretos y positivos que permitan el retorno de la paz social a esta región de suelos feraces pero teñidos con sangre derramada por la víctimas de la delincuencia organizada que se apropia del trabajo ajeno impunemente.
Tampoco el Instituto Nacional Agrario ha sabido encarar este conflicto, limitándose a meras declaraciones de sus directivos, sin tomar cartas en el asunto.
El principio de la función social de la propiedad consignado en la Constitución no es aplicable en este caso, ya que las tierras del Aguán, lejos de estar improductivas y baldías están en plena producción, generando centenares de empleos e impuestos al Estado.
Para ejemplificar lo afirmado, una sola empresa dedicada a esta actividad extractiva ha interpuesto 55 denuncias ante la Fiscalía por la invasión de miles de hectáreas, sin obtener respuesta alguna, tal como lo ha expuesto el asesor legal del Cohep. Se ha llegado a tal extremo que los trabajadores de la jornada de la noche en estas plantas aceiteras han sido secuestrados por los invasores, imposibilitándoles tanto el cumplimiento de sus funciones como el reintegro a sus hogares, en evidente violación a sus derechos humanos de libertad y libre locomoción.
El actual gobierno asume una actitud de tolerancia ante estos hechos que cada vez más alteran la paz y la armonía social, con lo cual se torna co-responsable de lo que está ocurriendo al igual de lo que pueda ocurrir en el cercano futuro, con consecuencias conducentes a la mayor inestabilidad social y económica del país, sumido en un acelerado deterioro reflejado en alzas en el costo de vida, especulación con los precios de la canasta básica alimentaria, escasez de medicamentos en los hospitales públicos, atraso de varios meses en el pago de salarios a los empleados públicos, ingredientes de una perfecta tormenta desestabilizadora.
