La última tragedia en Chiapas, México, cuando murieron 55 migrantes de 150 que iban hacinados en uno de los llamados “camiones del terror”, agitaron de nuevo los anuncios de inversión para mejorar, con empleos, la situación precaria de centroamericanos que deciden huir de estos países con rumbo a Estados Unidos. Pero esa propuesta para revertir la permanente e inhumana movilización, empujada por la ingrata necesidad de sobrevivir, no está avanzando como lo necesitan estos países. Ya lo reclamó, con justa razón, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al señalar que “hay lentitud” en la aprobación de estos proyectos que buscan frenar la migración.
“Estas desgracias tienen que servir para que se tome conciencia y se atienda el problema de fondo”, porque “no se resuelve con medidas coercitivas, sino que tienen que darse oportunidades de trabajo, de bienestar. La gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad”. Y esa lentitud es responsabilidad del Congreso estadounidense, al que López Obrador ha llamado “un elefante reumático que no camina”.
El reciente accidente en la frontera méxico-estadounidense, cuando un tráiler repleto de indocumentados chocó contra un puente peatonal dejando un terrible saldo de 55 muertos y un centenar de heridos, es otro ejemplo del riesgo que corren los centroamericanos en estos viajes irregulares organizados por traficantes que operan ante la ausencia de alternativas migratorias que eviten estas tragedias. Quienes se han salvado de perecer en estos horrorosos viajes cuentan cómo se arriesgan a asfixiarse encerrados durante horas, sin ventilación y evitando tomar agua para no tener que orinar. Esas historias son pavorosas, aunque también se someten al peligro inminente quienes deciden sumarse a las caravanas para hacer gran parte del recorrido a pie, enfrentando a pandillas y extorsionadores, bajo climas extremos. De ahí que es urgente que se concrete ese plan de inversión del sector privado en Centroamérica anunciado por la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, un programa que requiere más de 1,200 millones de dólares de grandes empresas dispuestas a traer algunas operaciones a Honduras, El Salvador y Guatemala. Además, de acuerdo con Harris, apoyar en el desarrollo en seguridad alimentaria, agricultura, educación, acceso a la salud y desarrollo de la fuerza laboral, las áreas que puedan impactar en las causas de la migración. Esos planes deben pasar, cuanto antes, de ser meras buenas intenciones a convertirse en oportunidades concretas de una mejor vida en estos países.
