Tanto los regímenes que se definen como socialistas igual que las democracias, se rigen por sus propias Constituciones. Las tienen no solo porque dan legitimidad y legalidad al gobierno, sino porque con ellas se aseguran el comportamiento que deben acatar todos los ciudadanos, sus derechos y los deberes con la nación.
Respetarla, en países democráticos como el nuestro, significa promover y proteger los valores fundamentales de la libertad, igualdad y dignidad, poniendo límites a los excesos de quienes ejerzan el poder público. No importa la forma de gobierno, dicen los constitucionalistas, sino que exista una Constitución con las normas que definan su organización y se aseguren de obligar al bien común de los gobernados, no a propiciar los abusos de los gobernantes.
Es decir, la Constitución existe para evitar el beneficio personal de quienes ostentan el poder y disminuye, aunque no elimina, la degeneración hacia un mal gobierno.
Lo advertía Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): “por su naturaleza, la voluntad particular se inclina a los privilegios, y la voluntad general a la igualdad”, y muchísimo antes Aristóteles (384 a. C) hablaba del “bien común” cuando distinguía el poder político entre los gobernantes sobre los gobernados.
La violación de sus preceptos y el desprecio a sus mandatos son señales preocupantes, aunque lastimosamente frecuentes en contra de la Carta Magna hondureña, sea para favorecer intereses económicos, de élites o en función de sectores políticos. O para debilitar a otros poderes del Estado, omitiendo reglas y procedimientos que terminan dañando la independencia y desgastando a instituciones que están ahí para asegurarse la impartición de justicia.
Ese ha sido el caso de la reciente reforma a la ley del Ministerio Público cuya estructura y poderes se trastocaron desde el Congreso Nacional. Se ha perpetrado, así, una nueva trasgresión a la norma constitucional.
Si hay necesidad de hacer cambios en la Fiscalía, el camino no es patear de nuevo la Constitución, sino proponer un plan que incluya la reforma que permita realizar la transformación, con un proyecto debidamente justificado que facilite el análisis y el aporte inteligente y moderno de profesionales que conocen los defectos de la ley y los vacíos de la institución.
Asegurarse que lleguen a esos cargos los mejores: gente idónea, independiente e íntegra. Hacerlo solo para quitarle poder a un funcionario -el fiscal Oscar Chinchilla, quien deja el cargo en agosto de 2023- genera desasosiego y agita esa sensación de abuso de poder que solo arrastran los gobiernos autoritarios.
