Lo que se veía venir: está en riesgo de cancelación el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que se encuentra aún en medio de una disputa legal y, de paso, no ha sido un “tema prioritario para la administración de Xiomara Castro”, de acuerdo con activistas dedicados a preservar los intereses de los hondureños en Estados Unidos. No han visto un esfuerzo real de esta administración en acercarse y usar su influencia para lograr la ampliación antes de fin de año, cuando debería estar renovado. La Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu), que representa a los beneficiarios del TPS, está preocupada por la tensión en las negociaciones que pueden perjudicar a migrantes de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Al concluir 2021 estaban registrados 76,737 hondureños y 241,699 salvadoreños, los países con más beneficiados.
Estos tepesianos han elevado su frustración porque hasta que se ha anunciado el riesgo de su finalización es cuando se han activado las notas y reuniones de ambos Gobiernos centroamericanos con funcionarios estadounidenses. Los presidentes Xiomara Castro y Nayib Bukele no asistieron a la Cumbre de las Américas, un desaire a la convocatoria del presidente Joe Biden, y las dos administraciones han mostrado desdén por sostener relaciones amigables con la nación del norte. Un claro ejemplo fue el conflicto innecesario y agrio entre la Cancillería hondureña con la embajadora Laura Dogu, diplomática que, posteriormente, las llamó “diferencias pequeñas” para limar asperezas.
Luego de los incidentes, la conclusión es que, aunque insensato, enfriar la relación con ese país parece ser parte de la política exterior del gobierno de Castro.
Esa política de aislamiento va a pasar factura, porque seguimos dependiendo —nos guste o no— del comercio con Estados Unidos, de su ayuda y de las remesas que mandan los hondureños que allá viven y trabajan. Entre enero y febrero de 2022, Honduras recibió 1,192 millones de dólares en remesas, un aumento del 25.8% respecto al mismo período en 2021. Esos envíos alcanzaron los 7,370 millones de dólares en 2021 y 5,741 millones en 2020, según cifras oficiales que indican que representan cerca del 20% del PIB y que es nuestra principal fuente de divisas, por encima de las exportaciones de café, de la maquila o camarones.
Sobre la ampliación del TPS, la Cancillería afirmó que es “una decisión interna” de Estados Unidos, que toca esperar. Sin embargo, todos sabemos que su futuro también depende de las gestiones del Gobierno. No hacer nada solo aumenta el riesgo de su cancelación y la aflicción de los miles de hondureños que pueden caer en la ilegalidad.
