La posición del exgobernante Manuel Zelaya Rosales al interior de la actual administración, en su calidad de asesor presidencial de su esposa, titular del Poder Ejecutivo, es motivo de controversia desde el primer día en que la presidenta Xiomara Castro tomó posesión de su alto cargo. Existe consenso general en el sentido de que la omnipresencia de Zelaya en todo acto público le resta no solo imagen, también autoridad a su consorte, al proyectarse como el que verdaderamente toma decisiones, tanto decisivas como menos importantes, con ello interfiriendo en el normal y cotidiano desempeño de la administración del Estado. Lejos de asumir sus atribuciones con un bajo perfil de discreción y subordinación, resulta todo lo contrario ante la opinión pública nacional e internacional: que es él y no ella quien lleva la conducción del Gobierno, hasta el punto de que los ministros no se atreven a plantearle cursos de acción alternativos a la gobernante para no incurrir en desacuerdos con el asesor en jefe.
Como pareja que son, los consejos y sugerencias que él le transmite a ella debe hacerlos en privado y no en público, para no hacerle sombra ni interferir con las decisiones que ella asume, previa consulta con su esposo, en razón de su mayor experiencia en el manejo de la presidencia.
La presidenta Castro tiene suficiente inteligencia y deseo de ser vista como lo que es: la primera mujer en ser electa presidenta en la historia republicana hondureña.
Obviamente, no desea ser juzgada como un mero instrumento de su marido, que posee una personalidad temperamental, irreflexiva e impulsiva que no admite la réplica y puntos de vista contrarios a los suyos, lo que eventualmente contribuyó a su derrocamiento por carecer de la necesaria flexibilidad política, aún en sus relaciones con sus correligionarios titulares de los poderes Legislativo y Judicial. Ella, por el contrario, en lo personal no provoca reacciones negativas entre la oposición, por su disposición a conciliar antes que a antagonizar.
Este 2025, el último año de su gestión presidencial, ella debe asumir control verdadero de su elevado cargo, sugiriéndole a su asesor principal que asuma un bajo perfil y la deje ser quien asuma la batuta en la dirección y gestión del gobierno. Resta saber si él estará de acuerdo, pero lo consecuente y honorable debería ser que dé un paso atrás y le permita plena libertad de acción. La presidenta Castro ha adquirido suficiente experiencia administrativa y política para asumir total reconocimiento por los logros que se puedan alcanzar en el curso de estos últimos 12 meses de su gestión. Será a ella a quien la historia juzgará durante este cuatrienio, con aciertos y desaciertos, éxitos y fracasos, en un balance objetivo de lo alcanzado y de lo que quedó en el papel, pero no se hizo realidad.
