Una de las promesas más interesantes y esperanzadoras hechas durante la última campaña electoral, por parte de la alianza Libre-PSH, fue que las grandes decisiones que se tomarían en favor de Honduras iban a consensuarse con los interesados, con los afectados. Se pensó entonces que se habían terminado los tiempos de las imposiciones y que el tránsito de la democracia representativa a la participativa había comenzado. Y cuando se habla de participación se habla de diálogo sincero, de saber escuchar a todos, de respetar los puntos de vista de los demás y de buscar aquellos acuerdos que fomenten la armonía social, la convivencia civilizada.
Sin embargo, los hechos que se han suscitado alrededor de la tan llevada y traída Ley de Justicia Tributaria ponen por lo menos en duda que la promesa de unos, aspiración de otros, vaya a concretarse. Porque, aunque se hayan hecho algunos retoques, algunos funcionarios del gobierno o han tratado, por todos los medios, de desacreditar a cuantos se han manifestado en desacuerdo con algunas ideas de fondo de la propuesta, o han insistido de mala manera en su defensa, pasando de lo técnico a lo puramente ideológico, al campo político.
Lo anterior no es bueno. Significa un retroceso en la búsqueda del entendimiento y la concertación entre las fuerzas políticas que representan y aglutinan a amplios sectores de la ciudadanía, así como a las asociaciones gremiales que trabajan por el desarrollo del país. La tirantez, los pleitos, solo generan incertidumbre y desconfianza. Con unas reglas del juego impuestas, resulta más atractivo ir a jugar a otras canchas, optar por trasladar capitales a zonas que inspiran mayor seguridad jurídica o evitar nuevas inversiones. En general, imponer la opinión o la voluntad de un grupo sobre otro produce incomodidad, insatisfacción. Pretender que hay hondureños que sí quieren a Honduras, mientras otros solo buscan aprovecharse de ella, es falaz, es inverosímil. En un país pequeño, en el que todo el mundo se conoce, los gestos postizos se descubren pronto y fácil se adivinan los rostros tras las máscaras.
Entrado ya el siglo XXI, en ninguna democracia que se precie de serlo el Estado se impone violentamente sobre los ciudadanos. Cabe, eso sí, conducta semejante, en las tiranías, en los regímenes de partido único, en las dictaduras; que las hay en casi todos los continentes y que parecen revitalizadas, para vergüenza de la historia.
Hay que hacer un alto en el camino. Hay que conversar, hay que desandar los caminos mal recorridos, hay que preferir los apretones de manos a los puñetazos y los pactos de caballeros a las patadas.
