17/05/2024
02:24 PM

Bosque y agua

    En estos tiempos con previsiones claras sobre escasez de agua para consumo o para la agricultura pudo haber sonado a esperanzador las reformas a la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre facultando al Instituto de Conservación Forestal a imponer multas y aplicar sanciones administrativas a quienes dañen o destruyan áreas boscosas.

    Está claro que no es suficiente y es un modo de proteger a quienes atentan contra el recurso fundamental y vital de la población, el agua.

    No hay tales faltas en el área administrativa, pues debiera declararse delito contra la sociedad, pues el daño es inmediato y directo contra el pueblo hondureño que pasivamente ha observado cómo las reservas forestales supuestamente protegidas han ido desapareciendo y no por arte de magia, sino a través de caminos y carreteras a la vista de todos menos de las autoridades en colusión desde la firma de contratos, el incumplimiento de los mismos y la violación de leyes elementales para preservar la riqueza nacional.

    “Ante solamente teníamos la facultad para identificar una falta, pero ahora con las reformas a la ley ya tenemos la facultad para sancionar”, expresó el director del ICF.

    Acabar con la vida de árboles, requiere décadas para recuperar el área asolada, porque donde imperó la deforestación apenas crecen zarzas y malas hierbas.

    Por ello hablar de falta en la tala irregular, sinónimo de explotación de los bosques, es acercarlo a travesura de niños en la escuela, lo cual es una de los mayores y nefastos errores queridos y permitidos.

    No ha desaparecido la palabra “falta” aunque se haya aumentado el castigo por ella. No se atrevieron a calificar de delito contra la población y especificar la pena que debiera estar en correlación directa con el daño presente y, sobre todo, con los perjuicios a las generaciones venideras.

    La mirada hacia la depredación de los bosques y las áreas arrasadas debe dirigirse en primer lugar hacia las oficinas gubernamentales de donde salen los permisos de explotación y, a lo mejor, la apertura de carretera para llegar al corazón del área protegida.

    Todo se disfraza y justifica en un supuesto bienestar y modernidad de las comunidades del lugar. Pero al final quedaron sin el bosque, sin agua en rio y quebrada y con carretera abandonada una vez que no hay más que explotar. No es falta es delito.

    Recientemente los medios resaltaron la cooperación generosa de la Unión Europea que ha sido incondicional, pero como ellos también experimentan las secuelas del cambio en el clima ya están condicionando la ayuda de cooperación a la defensa del ambiente, a la protección de las zonas boscosas de manera que importación del café en la UE tiene que contener certificación de la protección de los bosques en las áreas de cultivo.