El tradicional aforismo jurídico, “hecha la ley, hecha la trampa” funciona con tal agilidad que envidia tienen los mecánicos al emplear grasa y aceite y no lograr aligerar, como ellos quisieran, la marcha de las máquinas. En exclusiva proporcionó ayer LA PRENSA la documentación sobre obras de apoyo en el proyecto Patuca III, fuente de energía con utilización del agua que, según los cálculos, comenzará a operar en 2018.
Sobre obras con recursos públicos del Gobierno central o municipales, se ha ido creando una picaresca que va desde la adjudicación, cuadra por cuadra, bordillos y aceras aparte, para obviar licitaciones, pues el monto de cada pedazo no supera la cantidad contemplada en la ley. En ámbitos de mayor nivel basta la calificación de emergencia para saltar de alegría y en el caso al que nos referimos el calificativo es extremo: “apremiante urgencia”.
Si es apremiante es urgente y si es urgente es que apremia, por lo que solamente como pantalla o intentando deslumbrar con expresión rimbombante se puede aceptar el contenido más que la forma de lo que señala la legislación particular sobre el proyecto.
El estudio realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción, con base en la documentación sobre contratos, facturas de compra, recibos, etc. muestra la sobrevaloración en el pago de las adquisiciones así como la contratación al margen de la Ley de Contratación del Estado. A la firma del primer contrato por 82.3 millones siguió, solo tres meses después, otro, este ya directamente; un mes después llega la tercera entrega con la misma empresa; la entrega cuarta, con empresa distinta, eleva el costo a 203.7 millones de lempiras con el amparo, paragua o respaldo de la “apremiante urgencia”.
La respuesta a la documentación entregada por el CNA a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) es que todo está apegado a la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable fundamentado en razones de “apremiante urgencia”.
Los hechos están ahí; los desastres provocados por la corrupción siguen masacrando a los hondureños; la aplicación de la justicia es todavía una gran tarea con fecha, por desgracia, no determinada; la falta de conciencia y convicción no ha recibido la contraparte de la represión ni por los operadores de justicia ni por la sociedad, conformista y adherida al “hoy por ti, mañana por mí”; unas veces emergencias, causadas; otras, “apremiante urgencia”, arenas movedizas al gusto donde se hunde la ley.
