Las leyes, reformas y reglamentos apilados a lo largo del tiempo hacen que un contribuyente muy conservador deje de percibir beneficios a los que tiene derecho (que nunca recuperará).
En caso de uno arriesgado, sus contrapartes (inversionistas, contadores o auditores externos) no pueden tener contundencia para modificar su conducta.
Cuando ocurre una auditoría fiscal, temas que podrían ser claros se pueden volver objeto de polémica.
Conviene que la reglamentación vaya acompañada, en todo lo que sea posible, de los criterios y reglas más específicas posibles que se deben aplicar, las cuales es mejor sean discutidas y socializadas públicamente y no peleadas por cada contribuyente según su fuerza o influencia.
Esto protege tanto los ingresos del estado, al evitar lagunas confusas que le generen pérdidas, como acciones arbitrarias en contra del contribuyente.
La aprobación de esta reglamentación debe ir acompañada del análisis y opinión de los diferentes sectores para evitar errores o imposiciones en la misma.
Algunas áreas sí pueden ser mejoradas sin haber un conflicto de interés entre la autoridad y los contribuyentes.
El Código Tributario ya incluye algunas innovaciones en utilizar la tecnología para hacer más simple y menos burocráticos los trámites, y se puede avanzar más en esto.
Se debe apuntar a que nadie necesite comparecer personalmente para realizar trámites fiscales de tipo general, beneficio que impactaría más a los pequeños contribuyentes y de las zonas rurales.
Toda la documentación puede ser electrónica y las acciones iniciadas o aprobadas remotamente.
Luego de que se emita una ley unificada con su reglamento, es importante cuidar de su integridad. Se debe obviar la exoneración o premio fiscal como mecanismo de desarrollo.
