Hace una semana fui a los juzgados de Comayagüela a buscar un certificado de antecedentes para un amigo que se encuentra en España. Necesita el papel para tramitar su residencia, pues tuvo que huir de su país porque nunca encontró un trabajo adecuado para poder sobrevivir. Posteriormente fui a la Corte Suprema de Justicia para apostillar el documento y ahí me topé con dos situaciones irregulares: una, había en la entrada varias personas vendiendo, con sobreprecio de 50 lempiras, los recibos del pago al Estado del cobro por realizar el apostillado, la otra, la exigencia de comprar un timbre del Colegio de Abogados. Cuando fui al banco me exigieron presentar copia de la partida de nacimiento de la apersona a quien le extenderían el documento. Luego de que me entregaron el apostillado me dirigí al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí me encontré con otro grupo de jóvenes ofreciendo por 200 lempiras los recibos, que en el banco -y esa es la tasa que impone el Estado- valen 150 lempiras.
Le pregunté a una de las chicas cómo hacían para obtener esos recibos si en el banco es requisito presentar copia de la identidad de la persona a quien le van a extender el certificado. Me contestó: Yo no sé, porque es mi jefa quien compra los recibos por cienes. Todo esto a vista y paciencia de la Policía que ahí se encuentra y de las autoridades que ahí despachan. Quise estacionarme en la plazoleta de la Corte para hacer el trámite y no fue posible porque estaba completamente llena y había un flujo constante de autos que entraban, como el mío, y luego tenían que salir a buscar estacionamiento. Esto, no cabe la menor duda, por la incapacidad de los arquitectos o los ingenieros que elaboraron los planos de los edificios de la Corte Suprema de Justicia que por su estrechez profesional no pudieron proyectar un adecuado y suficiente espacio para el estacionamiento de los autos de quienes llegan a realizar trámites.
Salí y traté de buscar lugar en la calle y me posicioné frente a un negocio que hace fotocopias. Una chica me salió al paso para decirme que ahí era prohibido estacionarse y que la Policía me iba a sancionar. A pesar de que había puesto las luces intermitentes porque solo necesitaba realizar una llamada telefónica, la chica no me dejó en paz hasta que retiré el auto. En cuanto me quité otro auto se estacionó y la chica no le reclamó. Yo le pregunté por qué esa discriminación y me contestó: es que él viene a hacer copias. No está demás decir que el patio del estacionamiento frente a la Honorable Corte Suprema de Justicia está lleno de basura y de malezas, asunto que da muy mal aspecto al sitio desde donde se dirige la justicia, bueno: se mal dirige. Lo mismo ocurre con el monumento que la Comisión del II Centenario de la Independencia levantó en esos predios: lleno de basura y maleza y con las plantitas que se supone deben adornarlo completamente secas.
Opté por buscar otro sitio para estacionarme y encontré un espacio en la calle que está detrás de la Corte. Inmediatamente se acercó un joven con un chaleco de visualización que me advirtió que para estacionarme ahí debía pagar una cantidad. Me quité y accedí a un campo, perteneciente a los predios destinados al Centro Cívico Gubernamental que fue intención del Estado en un tiempo atrás, y ahí, en ese campo del Estado, sin pavimentar y lleno de polvo en el verano y lodo en la época lluviosa, me estacioné. Inmediatamente me salió al paso otro señor advirtiéndome que debía pagar por el uso de ese espacio cuando saliera. Le pregunté cuánto costaba y me contestó: lo dejo a su voluntad. Al menos fue más generoso.
En el trámite de certificado de antecedentes no tuvo que ver ningún abogado; sin embargo, el Colegio de Abogados me cobró una tasa. Igual hace el Colegio de Peritos Mercantiles cuando hacemos un trámite mercantil y el Colegio Médico y el Colegio de Sicólogos cuando hacemos los fraudulentos exámenes médico y sicológico para adquirir la licencia de conducir. Los colegios profesionales deben ser sostenidos por sus socios y no por el pueblo. Igual hacen los cuidacarros: se han apoderado de las calles y de espacios del Estado, como los predios que se encuentran detrás de la Corte y nos cobran por estacionarnos –más bien para que no nos dañen nuestros autos- sin que la Policía, que es la llamada a proteger nuestra integridad personal y la de nuestras propiedades ponga orden porque –aunque no puedo afirmarlo- quizás haya un cierto grado de complicidad.
¿Por qué, entonces, los colegios profesionales nos imponen tasas para realizar ciertos trámites y los aprovechados cobran por el uso de las calles y los predios públicos y por la venta irregular de los recibos que debemos adquirir en los bancos si, según las leyes, solo el Congreso Nacional tiene la potestad de crear impuestos? ¿Será posible que los ciudadanos suframos la extorsión en los mismos predios y oficinas del Estado?
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