Aunque se han suscrito una serie de tratados de libre comercio, el estado conserva potestades de fijar protección arancelaria (explícita u oculta).
Aparte del cobro del 15% por internación, existen diferentes aranceles y salvaguardas (en la práctica funcionan similarmente). La política de fijación de aranceles cumple dos fines: lograr ingresos para el Estado y promover la producción nacional.
La mayor parte de la recaudación ha pasado a ser tributaria, por lo que el arancel aduanero se ha ido volviendo gradualmente menos importante como herramienta de recaudación. Se ha vuelto aceptada a nivel general la teoría de que las materias primas o insumos de producción debe pagar lo menos posible, transfiriendo la carga a los artículos que no requieren transformación adicional.
Esto tiene lógica, ya que el insumo generará valor agregado que queda en el país.
Por tanto, la implementación de una política arancelaria debe estar dirigida a promover la producción nacional, pero hay otros elementos. Si es muy fuerte afecta al consumidor, que es quien finalmente paga el arancel, y da lucro excesivo al beneficiario (ya que sus precios tenderán a converger al del extranjero con su arancel).
Adicionalmente hay complejidades en la asignación de valor agregado nacional en la transformación, definición de uso posterior, importaciones controladas, y otras.
Si se combina esta complejidad con el proceso discrecional, vemos que entre más transparente y abierto sea el acceso a toda la información, menos posibilidades habrán de causar daño. La falta de aranceles puede destruir una capacidad de producción local, y su exceso (con otros elementos de arbitrio) puede enriquecer a personas a expensas de la economía general. La mejor forma de evitarlo es con discusión pública.
