El pueblo hondureño piensa en silencio, pero pide a gritos que en las próximas elecciones generales del domingo 28 de noviembre no exista el fraude electoral para que la violencia no tenga cabida y que gane quien gane sea de una forma justa y límpida.
Honduras pasa por una pérdida de credibilidad nacional e internacionalmente por los antecedentes de las elecciones presidenciales contaminadas recién pasadas y todavía se encuentra en estado de convalecencia en todos los aspectos por los efectos de la pandemia del coronavirus y de las tormentas Eta y Iota.
En los 298 municipios de los 18 departamentos la gente está concentrada en sus trabajos buscando mejorar las críticas condiciones de las familias tanto en las zonas rurales como en las urbanas.
De los 9.7 millones de habitantes es impresionante que esté en decadencia el número de personas aptas para ejercer el sufragio en estas cercanas elecciones, pues hay 5.1 millones inferior a los 6.2 millones de las elecciones anteriores del año 2017.
Se avizora que la cantidad de abstencionismo puede ser mayor a los que ejercerán el voto. Especialmente por la crisis económica, política, moral y social.
La sociedad hondureña ha perdido aún más la credibilidad en los dirigentes gubernamentales, empezando por los tres poderes del Estado, señalados por diferentes tipos de corrupción.
Un expresidente de la república y el actual, señalados por la justicia nacional e internacional por actos ilícitos e igual alcaldes, diputados y diputadas escondidos en el búnker del Congreso Nacional. Un poder judicial ciego, renco, mudo y sordo.
Con todo ese panorama de 12 años de dictadura del Partido Nacional hay expectativas de vientos de cambios para que Xiomara Castro de Libre o el liberal, Yani Rosenthal, recuperen el secuestrado sillón presidencial en un país llamado Honduras.
