En un desarrollo convencional, quien construye hace una dotación de servicios comunes. Las áreas comunitarias (verdes y de equipamiento social) luego pasan a propiedad de las alcaldías municipales. La comunidad en si, no tienen facultades legales para el mantenimiento y protección de las mismas. Es difícil obtener fondos para mantener lo existente, o hacer mejoras. Vecinos invaden y ocupan el espacio común, alcaldías corruptas venden las áreas comunales, y no hay recursos para mantener los espacios.
Si los espacios comunes se registran como propiedad especial de la comunidad, sin posibilidad de enajenación, la comunidad puede invertir en ellos y cuidarlos de manera más efectiva. Igualmente, obtener recursos por uso de estacionamiento (mas allá de la dotación) y otros servicios se vuelve mas sencillo.
Igualmente, las vías publicas pasan a custodia municipal. Generalmente, la degradación de calles pavimentadas comienza con rajaduras pequeñas que crecen principalmente por efecto de las lluvias. Si estos problemas no se atienden pronto, el costo de la reparación es mucho mayor o se pierde el pavimento. Una forma de coparticipación comunitaria en la reparación de calles permitiría mantener las calles a un menor costo y con mayor eficiencia.
La gobernabilidad es importante, y una fuente de suspicacia es los sistemas de elección de juntas o patronatos. Las planillas, dirigentes que se eternizan en los cargos, y opacidad en el manejo son problemas comunes. Un sistema de participación accionaria dependiente de forma automática de la posesión de la propiedad (similar a los condominios) ayuda a reducir estos problemas. Esto con elecciones anuales, individuales por posición, y con cierre abierto de cuentas cada asamblea.
