Tengo presente en mi memoria un grato descubrimiento que hice en el baúl de recuerdos de mis padres. Se trata de sus documentos de identidad en sus tiempos de juventud. Un documento con cierto aire de elegancia como un pasaporte y fotografías en blanco y negro. No solo son sus documentos personales, sino que, además, son una evidencia de mi sentido de pertenencia a una genealogía, a mis raíces históricas. Es evidente que aquel documento sencillo, pero elegante no tenía mayores pretensiones que hacer valer para mis padres el derecho a la ciudadanía. Con el paso de los años, me he dado cuenta que la edición de ese documento y el censo nacional han ido siempre vinculados con otros intereses de carácter político.
Una lectura jurídica nos la ofrece el Lic. Carlos Paz al afirmar que: La tarjeta de identidad es el “instrumento” que formaliza legalmente mi existencia en cuanto titular de derechos y obligaciones, su punto de origen es la inscripción del nacimiento y la consecuente certificación del mismo expresado en la “partida de nacimiento”. Sin este requisito no es posible el otro documento. Este proceso de carácter formal, amparado por la ley, debe de ir acompañado de un proceso de carácter ético y moral, expresado en valores que en su conjunto desde las ciencias políticas y sociales se denomina ciudadanía.
Así el ser ciudadano y ciudadana no es solo cuestión de “cédula de identidad”, sino también es fruto de un largo proceso que se gesta y desarrolla al calor de la familia, se nutre en las relaciones comunitarias, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, etc. De esta forma, la identidad personal expresada en la tarjeta se amplía a una identidad colectiva brindando sentido de pertenencia, arraigo, participación, corresponsabilidad, bien común, solidaridad. La sola tarjeta de identidad como instrumento para afianzar la democracia participativa y construir un auténtico estado democrático de derecho no son suficientes.
Dicha comprensión jurídica nos motiva a considerar la importancia que este documento debe tener para nuestras familias. El sentido común de la ciudadanía nos los pone en evidencia al asistir a inscribirse para adquirirlo. Pero debemos insistir en que el nuevo documento de identidad debe estar al servicio de los derechos elementales de nuestros compatriotas, sobre todo el derecho a la vida, la salud, la educación, el trabajo y la misma seguridad personal. La elaboración de la misma debe situarse en el camino del fortalecimiento de la democracia, del progreso social y contribuir a una mejor organización de la sociedad.
Cada uno de los ciudadanos que conformamos esta nación tenemos el deber de participar también en los procesos democráticos no como simples espectadores, sino como hombres y mujeres que trabajamos por una sociedad libre y próspera.
Los valores humanos que el proceso de identificación comprende se integran dentro de la mirada esperanzada de los ciudadanos de buena voluntad y de quienes profesamos la fe cristiana. Por lo que, esperamos que también las actuales autoridades que dirigen los destinos de nuestro país sean fieles a las más legítimas aspiraciones de los hondureños
