a lo expresamos anteriormente, que el imputado Carlos Arnaldo Lobo, será el primer hondureño en “estrenar” los efectos de un Auto Acordado dictado por la Corte Suprema de Justicia, que regula en forma sui generis el procedimiento para extraditar un connacional a cualquier país que tenga suscrito con el nuestro un convenio de extradición, en este caso con Estados Unidos, en donde se le acusa por crímenes relacionados con el narcotráfico y lavado de activos. De acuerdo a la doctrina, la extradición es un procedimiento penal y administrativo por medio del cual una persona acusada de un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro Estado, y devuelta al primero para ser enjuiciada o para que cumpla una condena impuesta. La mayoría de los países reconocen esta figura en sus legislaciones penales, siendo aplicada en Latinoamérica como una eficaz arma para combatir el narcotráfico y sus secuelas; existen algunas reglas que deben prevalecer para su implementación legal, referidas principalmente a la existencia de un tratado internacional con el Estado requirente, exigiéndose también la obligatoriedad del Estado que la solicite para acreditar la existencia de una causal para enjuiciar o castigar al requerido, y que el delito imputado se haya tipificado como tal en la legislación penal interna del Estado requerido como en el Estado requirente. La extradición es entonces un asunto de derecho internacional público y como tal, lo prevé tanto el llamado Código de Bustamante que lo enuncia, y la Convención Interamericana de Extradición de 1981 que sirve de marco legal, ambos instrumentos suscritos por nuestro país y que por lo tanto forman parte de nuestro derecho interno, como también el Tratado de Extradición suscrito por Honduras y Estados Unidos invocado por el máximo tribunal de justicia para fundamentar su Auto Acordado que de acuerdo al espíritu de aquellas legislaciones simplifica las formalidades, establece los plazos, las condiciones y los requisitos que deben cumplirse en dicho trámite, para evitar tal como lo sostiene el Tratado Interamericano de Extradición, la impunidad de estos graves delitos dentro de un apropiado marco legal. En resumen: la Corte Suprema de Justicia ha actuado en el caso relacionado, con estricto apego a sus atribuciones constitucionales y de acuerdo a los intereses nacionales, al rechazar los recursos intentados vanamente por la defensa del acusado Carlos Arnaldo Lobo y declarar por contra haber lugar su extradición, quien deberá una vez se encuentre firme esa resolución, ser entregado a Estados Unidos para su juzgamiento en una Corte del Estado de La Florida que lo reclama por traficar ilícita y masivamente drogas hacia ese país, lo cual marcará, en aras de la paz, un hito histórico en el combate a la narco actividad en Honduras.
