De acuerdo con nuestra Constitución Política, el sistema económico de nuestro país se sustenta en dos principios fundamentales: el de eficiencia en la producción y el de la justicia social como factor armónico entre la población y el Estado, obligado a redistribuir la riqueza nacional a través del gasto público para producir bienestar y disminuir las desigualdades y la enorme brecha entre ricos y pobres.
¿Qué quiere decir esto? Simplemente que el Estado debe distribuir la renta nacional en obras sociales, --carreteras, hospitales, escuelas, centros de salud, etcétera,-- para favorecer a los sectores más necesitados de la población hondureña, creando además oportunidades y el bien común.
Recientemente el Congreso Nacional aprobó lo que la sabiduría popular ha llamado “El paquetazo”, que no es más que una serie de medidas fiscales que permitirán al Gobierno de la República obtener, según las autoridades del ramo, ingresos de unos 1,200 millones de lempiras.
Con este paquete de medidas tributarias se pretende por el ente legislativo elevar a categoría de ley el programa económico del próximo Gobierno nacionalista e incrementar el impuesto sobre venta, y otros tributos aunque no selectivos como debiera haber sido, como los impuestos a los cigarrillos, cervezas, guaro y gaseosas que por su nocividad afectan a la población en general, o a los automóviles de lujo, que son un contrasentido en un país paupérrimo como el nuestro.
Estas medidas tributarias y fiscales son naturalmente impopulares, pero desafortunadamente son necesarias para poner orden en las finanzas del Estado que coincidentemente han alcanzado un estado de precariedad al borde del caos económico por el despilfarro de los fondos públicos de los precedentes gobiernos y su desmedido gasto que ahora todos vamos a pagar.
Se dice que no se afectara a los más pobres, pero a medida que estos tributos sean trasladados, se creará una espiral impositiva que terminará perjudicando a la clase económicamente más desafortunada que verá cómo disminuye su exiguo poder adquisitivo.
Por ello el presidente entrante deberá impulsar alternativamente políticas sociales en su gobierno que sirvan como un dique contra la corrupción, y hagan eficientes políticas de transparencia, ética y rendición de cuentas, creando una universalización de oportunidades y la co-responsabilidad de quienes las obtienen.
