De cara al fin de año y después de haber pasado un largo periodo haciendo análisis críticos de las realidades que forman el abanico social, es una obligación ética hacer una evaluación de nuestras tareas.
El intelectual, lo hemos dicho en otros espacios y aquí en esta columna, tiene la obligación cívica de ejercer la crítica, cuestionando al sistema, valorando las contribuciones de los actores a la vida política, económica y social. Ese ejercicio crítico no es arbitrario. Tiene la finalidad de explicar los hechos y verificar si los mismos apuntan hacia el fortalecimiento de la democracia, alimentan el ejercicio de la libertad y acercan las posturas particulares a la verdad.
Hay que diferenciar a los no intelectuales, de los intelectuales. Mientras que los primeros ejercen la crítica para buscar el poder, el intelectual busca la verdad. Max Weber dio algunas conferencias magistrales sobre el tema que han iluminado a generaciones de pensadores del mundo occidental. Un tiempo después, Gramci introdujo la categoría “intelectuales” orgánicos, que en el fondo no son tales, sino que publicistas del sistema que abominan la crítica, porque para ellos, cuestionar y reclamar sus ajustes y cambios, supone aceptar la posibilidad de su imperfección, cosa que desde sus visiones totalitarias es inaceptable porque: “Nada fuera del sistema”, porque el sistema es intocable, perfecto y la búsqueda de la libertad y la democracia no son relevantes.
No es aceptable la crítica por la crítica. Tal ejercicio tiene una finalidad: descubrir la verdad, apuntalar el sistema como medio al servicio de los fines de las personas: permitir su libertad, destruir su miedo y asegurar la democracia. Sin adjetivos, como sostienen Octavio Paz y Enrique Krause. Es decir que, aceptamos las imperfecciones del modelo democrático que vale como esencial en la existencia de la nación, que se acepte como condición fundamental para la defensa de la libertad y los demás derechos humanos, evitando que, en los juicios de valor, más que la ética, no haya espacio alguno para la ideología y la teología que distorsionan y oscurecen la verdad.
Por ello, tiene sentido evaluar al gobierno y a sus instituciones. Al Congreso y a las Cortes de Justicia. A las FF AA y a la Policía, para saber si están preparadas para garantizar la seguridad interna, la soberanía y la independencia de los gobernantes ante las pretensiones de otras potencias.
Para inmediatamente, medir la operación de la sociedad y sus actores: la sociedad civil, los individuos y sus grupos. Para concluir en la economía que es la fuente del poder real de la nación, porque asegura la autonomía de su funcionamiento y garantiza el bienestar físico y psicosocial de la población. En esta línea, el análisis tiene como fin la idoneidad y eficiencia de las empresas, la ética de los empresarios y la funcionalidad de sus relaciones. Impuestos, contribuciones y libertad. Esta última es fundamental.
En lo político, es inevitable el análisis y vigilancia de los partidos a fin de que no tengan más finalidades que los objetivos nacionales, sin renunciar al panamericanismo y la universalidad de Honduras como parte del sistema planetario. Buscar que los partidos sean democráticos, con renuncias voluntarias u obligatorias de cualquier tendencia autoritaria, incluso disfrazada de términos que adjetiven la democracia: participativa, incluyente, humanista o cualquier otro. Porque en realidad todo esto es clarificado por la Constitución. De allí que hemos hecho como norte de nuestros afanes, la defensa de la Constitución. Estamos orgullosos de haberlo hecho en 2009. Y a seguir haciéndolo, cuando los que la amenazaron, repitan -nuevamente- el discurso totalitario. Por ello, de pie en 2022. Y mañana, también.
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