Si enumerásemos la lista de iniciativas que se han tenido a lo largo de los años para mejorar el desempeño de las funciones del aparato burocrático del gobierno este espacio se quedaría corto. Pero si la ley tiene ficciones, nosotros podemos tenerlas también. Distintos presidentes han tenido la buena intención de agilizar los trámites burocráticos y de dar celeridad a los procesos que se desarrollan dentro de las instituciones públicas, pero a pesar de toda esa buena intención y excelentes iniciativas, el aparto público se mueve cada vez más lento, los trámites se vuelven más engorrosos y el término de espera para obtener una respuesta parece una eternidad, lo que propicia la corrupción.
Nuevamente el Congreso se apresta a discutir otro proyecto más que busca agilizar los trámites ante el Estado, obligar a los funcionarios públicos a dar una respuesta ágil en el menor tiempo posible y cerrar espacios a la corrupción que esta lentitud produce; este es realmente otro proyecto más, más de la misma buena intención, pero que no parece obtener la respuesta que se quiere. Todo lo que se plantea en el nuevo proyecto que busca acelerar los trámites estatales ya existe y estamos llegando a tal grado que no solo es necesario coordinar las distintas leyes para que no entren en contradicciones, ahora también es necesario unificar todas las leyes que tratan el mismo tema, con los mismos mecanismos pero sin ningún resultado. En el gobierno del presidente Ricardo Maduro se puso en cuarentena a la burocracia exigiéndole que respondiera cualquier petición del público en un plazo no mayor de cuarenta días, transcurrido el cual, si no había respuesta formal del Gobierno, el ciudadano podía dar por aprobada su solicitud.
No obstante, en el mismo gobierno de Maduro se aprobó dejar por fuera los trámites relacionados con la Ley de Propiedad, a los cuales no se les aplica la cuarentena, justamente los trámites más lentos, engorrosos y contradictorios que existen en la legislación nacional. La figura legal de la afirmativa ficta también existe en la legislación administrativa hondureña, pero tampoco funciona, y de igual forma, tampoco se aplica a los trámites que se relacionan con derechos de propiedad. Por estas razones y contradicciones seguir aprobando leyes es como echar harina en un saco roto, esto no funcionará jamás, la burocracia hondureña es demasiado pesada, lenta y parsimoniosa como para que responda a otra ley más, la única ley que conoce es la de la lentitud, fuera de esa no hay otra.
Después de tantos años de trabajar de cerca con la burocracia estatal he tratado de estudiar el tema y buscar por donde se podría abordar este problema de la lentitud burocrática en los trámites estatales y estoy consciente que la solución no puede venir en una sola vía. Si hay algo de lo que no se habla y que de alguna manera, si bien no justifica esa parsimonia de los burócratas, nos echa luz sobre sus actitudes, es la falta de educación y capacitación de la burocracia estatal en temas fundamentales como servicio al público, relaciones humanas y productividad, son temas en que definitivamente los burócratas están aplazados, pero tenemos que decir también que en dichos temas la capacitación es totalmente nula. Es pues, necesario enfocar este problema desde distintos aspectos, no solo en el plano formal de la ley, lo que se vuelve repetitivo, caso contrario, seguiremos con empleados públicos que simulan trabajar y el Estado que simula que les paga por eso.
