Tal como lo anticipó el “peruanito”, las sorpresas llegaron. El “circo” ha abierto temporada en Tegucigalpa y todos, cada quien desde el lado en donde se ha situado, celebra o se incomoda, obligándonos a olvidar los problemas del país: la falta de empleo, el no crecimiento de las exportaciones y la falta de inversión nacional y extranjera. Estos asuntos, que son igualmente importantes que la aplicación de la justicia, han sido borrados del imaginario popular, ya que, dentro de la cultura de la pobreza, como en la que vivimos, no hay un pobre que no celebre la caída de un grande, la captura de un poderoso y el encarcelamiento de una figura importante de la vida política.
Mientras la Policía hace exhibición de fuerza desproporcionada, para llamar la atención, todos nos hemos refugiado en el silencio, seguros de que mientras estén taloneando a otros no se meterán con nosotros. Los opositores están contentos, pueden seguir incomodando el tráfico en Tegucigalpa o diciendo las peores barbaridades. E incluso cometiendo delitos, seguros de que nadie les hará nada. No hay un juez independiente siquiera – uno solo – que le dicte auto de prisión a Zelaya Rosales o a Nasralla por delitos de sedición, daños a la propiedad privada o por provocar intranquilidad entre la ciudadanía, por ello no son pocos los que nos llaman para preguntarnos, por ejemplo, cuál es la razón por la que los únicos perseguidos son los nacionalistas, mientras los exliberales, seguidores de Zelaya, según dicen, habiendo cometido iguales o peores delitos, gozan provocando al sistema judicial mediante la comisión continuada de delitos y la provocación.
Y no son fáciles las respuestas. Algunas personas nos han dicho que algo está pagando el Partido Nacional para pasar el chubasco que le ha provocado la oposición al salir a la calle, protestando en contra de una supuesta dictadura. Y claro, los números son indiscutibles. Mientras los nacionalistas entran a la cárcel, son objeto de escarnio y ofensas, los dirigentes de Libre se mueven, felices como pez en el agua, protegidos por el acuerdo de Cartagena, que desafortunadamente Lobo Sosa firmara para facilitar el perdón de la comunidad internacional por haber sacado de la Presidencia a Zelaya debido a sus arrestos continuistas.
Por ello creo que, aunque el circo que han iniciado nos distraiga, poco a poco, la gente pobre – que es la mayoría de este país – irá tomando conciencia que, aunque llenen las cárceles con los exgobernantes “democráticos” del país, las cosas no mejorarán, puesto que la economía del país no mejora porque lleven a la cárcel a una ex primera dama de la nación o encarcelen a un empresario por la muerte de una ambientalista.
Es posible que estas medidas tranquilicen a algunos críticos internacionales del Gobierno de Honduras –muchos, poco ejemplares dicho sea de paso– especializados en temas ambientales o en la defensa de los derechos humanos; pero no a los empresarios privados, nacionales o internacionales que exigen para invertir en Honduras motivaciones positivas, tranquilidad ciudadana y confianza en que el sistema jurídico no les castigara en el momento en que alcancen el éxito con sus iniciativas y esfuerzos.
Es importante entenderlo. El país no puede seguir con un 71% de su población en la pobreza ni tampoco financiado por los pobres que envían las remesas. Si agachamos la cabeza y más bien nos entusiasmamos con el circo y el ruido de los actos policiales y judiciales, importantes pero no fundamentales para que el país salga adelante, la situación se nos puede complicar en forma de que no la podamos controlar.
Hay que poner las cosas en su lugar, debemos darle importancia a lo que la tiene. El desarrollo del país, el aumento de la inversión, el crecimiento del empleo, el bienestar del pueblo, la seguridad ciudadana y la jurídica deben ocupar el primer lugar.
El Poder Judicial debe cumplir con su deber, sin espectáculo, y vigilando la aplicación general de la ley, para todos, sin excepción, y sin castigar a unos mientras a otros se les celebran las conductas delincuenciales (o todos en el suelo o todos en la cama).
Tampoco politizando la justicia ni entregando la dirección del país a la OEA.
