Posiblemente el gobernante más coherente, en sus relaciones internacionales, es el presidente de Chile, Gabriel Boric. Es un hombre joven –el gobernante de menor edad del continente y posiblemente del mundo—ubicado en la “izquierda” de América Latina, que se forjó políticamente en el marco de las protestas de su generación en contra de un modelo envejecido y por ello inefectivo, que ya no respondía a las necesidades de las nuevas generaciones chilenas. Pero con todo, Boric ha hecho profesión de compromiso democrático, resaltando que sus esfuerzos modernizadores apuntan al cambio de Chile; pero dentro de un modelo occidental que busca el mayor bienestar para la mayor parte de la población de su país. Por eso, desde el principio, ha tomado en cuenta que Chile tiene una ruta hacia el desarrollo en la que inevitablemente, obliga a su clase política y sus actores económicos, a evitar los atajos que llevan al atraso, la servidumbre estatal y la destrucción de las libertades económicas. De allí que Boric, desde el principio haya establecido distancia con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y ante México, ha bajado los ojos, discretamente, ante los desplantes de López Obrador, al que acepta en su investidura; pero que no comparte sus posturas ambiguas. Ante la crisis peruana, ha guardado la mesura debida, asumiendo la conducta que se espera de un vecino respetuoso de las reglas del derecho internacional.
Frente a las decisiones antidemocráticas e inhumanas de Ortega en contra de sus opositores, a los que ha encarcelado, expulsado, despojado de su nacionalidad e incautado sus bienes, el gobierno de Chile ha emitido un comunicado que queremos compartir. Dice el gobierno de Gabriel Boric que “ante la reciente decisión del estado de Nicaragua de privar de su nacionalidad y derechos políticos a más de trescientas personas nicaragüenses, identificadas como opositoras políticas, el gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan. El gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla. La historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos y la solidaridad internacional entre los pueblos trascienden las coyunturas políticas y forman parte de estándares civilizatorios esenciales para la vida en sociedad. Los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior y Seguridad Pública por instrucciones del Presidente de la República, tomarán las medidas correspondientes con el fin de implementar esta decisión”.
El documento citado, muestra la coherencia política de Boric y, además, confirma la responsabilidad de Chile que, en 1973, sufrió posiblemente la agresión más dolorosa en toda su historia, cuando los discípulos de Pinochet se implicaron en una cacería en contra de los opositores que tuvieron que huir de su país y muchos de ellos encontraron refugios en las embajadas acreditadas en Santiago. En aquella oportunidad, la embajada de Honduras, encabezada por Rafael Leiva Vivas, albergó a más 200 chilenos que, por ese medio, evitaron la muerte y el encono de los individuos descontrolados, sedientos de sangre. Una gran parte de asilados fueron recibidos en Honduras; y, varios se integraron en el sistema educativo. Ahora nuestro gobierno, aunque dirigido por “revolucionarios” que dicen luchar contra el fantasma de una dictadura que condenan verbalmente, se muestra incoherente y contradictorio. Porque en vez de seguir el ejemplo de Chile, hipócritamente, se llama al silencio en una conducta vergonzosa que nuestra que aquí, no defendemos los derechos humanos, ni creemos en la democracia.
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