La reciente entrega que hiciera el Fonac a la Secretaría de Educación de la propuesta de Ley General de Educación debería constituirse en motivo de esperanza para el sistema educativo nacional.
Y digo debería, porque el mismo doctor Brevé Reyes ha señalado que aún no ha logrado sentarse a dialogar y concertar, consensuar dicen ahora, el proyecto de la mencionada Ley con todos los sectores interesados en su promulgación y ejecución. Decía, por ejemplo, el señor ministro, que los gremios aún no habían hecho su aporte, aunque ya habían sido convocados y que en estos días le entrarían al asunto.
Y es que una Ley General de Educación en Honduras es necesaria y urgente. Hace falta definir un marco legal acorde con nuestros tiempos que sirva como plataforma de despegue para desarrollar el trabajo más importante para propiciar el desarrollo de cualquier sociedad: la educación de su gente.
Sin embargo, hay dos elementos que podrían convertirse en barreras insuperables para hacer viable esta propuesta.
Por un lado está el tema de los gremios. Es absolutamente imposible pensar siquiera que la educación nacional va a mejorar si no se cuenta con la colaboración del magisterio. El protagonismo del docente es tal en cualquier proceso de mejora educativa que hay que contar con él y con su apoyo de manera decidida y rotunda. Y para esto hay que sentarse a dialogar con toda franqueza, sin jugar al gato y al ratón, sin hacer promesas, de uno u otro lado, que luego no vayan a cumplirse, sin poner condiciones que dejen el interés de la mayoría por fuera como si no importara.
Por el otro lado está el tema de los padres de familia. No hay escuela, no hay proyecto educativo fructífero o exitoso que se pueda construir a espaldas de los padres de los alumnos, no se puede ignorar la voluntad de los progenitores, los primeros y más importantes educadores de los hijos y pretender que el Estado puede ignorarlos o suplantarlos. Y aquí hay un agravante: los padres de familia no hemos logrado articular organizaciones ni movimientos que nos representen de manera orgánica ante las instituciones oficiales y la sociedad civil.
Siendo así, mientras estos dos obstáculos no sean removidos, la Ley General de Educación no será más que una propuesta. Necesaria, urgente y producto de muchos años de trabajo, pero tristemente bloqueada por estas barreras que, hoy por hoy, son insuperables.
