Por: Frances Robles/The New York Times
Un video reciente dado a conocer por la policía haitiana sugiere que un conocido líder de pandilla, Vitel’homme Innocent, estaba siendo atacado y corría en busca de refugio. Otro video publicado por las autoridades en mayo mostraba explosiones provenientes del cielo.
El mensaje era claro: el Gobierno haitiano, armado con drones, está comprometido a atajar la desenfrenada violencia pandillera que ha obligado a 1.3 millones de personas a abandonar sus hogares.
Tras más de tres meses de ataques con drones en Puerto Príncipe, la capital de Haití, la mayor parte de la cual está bajo control de pandillas, más de 300 pandilleros presuntamente han sido abatidos. Sin embargo, no se ha recuperado ningún territorio pandillero, ni se ha abatido ni capturado a ningún blanco de alto valor.
Y ahora, la Real Policía Montada de Canadá, que donó drones y brindó capacitación en drones de vigilancia a la Policía Nacional de Haití, califica de ilegales los ataques del Gobierno.
Los ataques con drones “violan el derecho penal nacional de Haití y el derecho internacional de los derechos humanos”, declaró Marie-Eve Breton, vocera de la policía canadiense. Para recibir los drones, el Gobierno haitiano tuvo que comprometerse a no utilizarlos para asesinar a personas, añadió.
Expertos legales comparten las críticas canadienses. La legalidad de los ataques letales con drones depende de si una nación está involucrada en un “conflicto armado” oficialmente declarado. Aunque miles de haitianos han muerto y hospitales y ambulancias han sido atacados, la violencia no es considerada un conflicto armado, dicen expertos legales. (No existe una autoridad central que decida si existe un conflicto armado, pero el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra generalmente es considerado la entidad experta para hacerlo).
Una empresa propiedad de Erik Prince, donador de Trump y fundador de Blackwater, empresa conocida por una masacre de civiles en Irak hace casi 20 años, ha estado operando los drones de Haití. Los grupos de derechos humanos en Haití apoyan en gran medida los ataques con drones, pero han instado al Gobierno a ser transparente al respecto.
Una operación reciente de más de una docena de ataques con drones causó la muerte de entre 40 y 100 personas, informaron grupos de derechos humanos. (La policía no hizo ningún anuncio respecto a los asesinatos).
Los ataques pueden ser “contra la ley, pero al mismo tiempo vivimos en un País donde estamos fuera de control, porque hoy en Haití no tenemos un Estado de derecho”, declaró Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití.
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