Una de las grandes dificultades para identificar a una víctima de trata en la frontera de México con Centroamérica es que ellas mismas no aceptan serlo, coinciden autoridades y expertos.
La fina red que retiene en la prostitución a centroamericanas jóvenes y menores no sólo está elaborada de amenazas sino también de un pasado violento, necesidades económicas, mentiras y un calculado y estrecho margen de maniobra.
'No se identifican como víctimas (...) y son raros los casos en que tienen la posibilidad de denunciar. La única manera de tener noticia del delito es que la población civil detecte los casos', dice a la AFP Sara Herrerías, titular de la fiscalía federal especializada en delitos contra mujeres y trata.
'Ellas piensan que se pueden ir (de los bares), pero cuando te hablan ves que hay mecanismos sutiles de retención (...) Creen que todo ha ocurrido por su decisión cuando se están aprovechando de su vulnerabilidad económica, emocional y de desarraigo', explica a la AFP Luis Flores, delegado de la Organización Internacional de las Migraciones en el fronterizo estado de Chiapas (sureste).
El caso de Lydia, nombre ficticio de una hondureña de 17 años, encaja en el perfil. Hace tres años, cuando su padre murió y su madre enfermó, viajó a Chiapas y empezó a trabajar en un bar.
Primero ejerció de mesera pero luego le ofrecieron mejorar el salario siendo 'fichera', un trabajo de compañía de los clientes en el que se gana según las bebidas alcohólica que éstos inviten.
'El patrón nunca me obligó a prostituirme ni a tomar todas esas cervezas con los hombres. Lo hice por necesidad y después por mi hijo', asegura Lydia a la AFP.
Las menores son las más requeridas por dueños de algunos bares y burdeles de Chiapas, no sólo porque creen que atraen más a la clientela sino para manipularlas con mayor facilidad.
'Siempre las han buscado así. Mientras más jóvenes son más inexpertas. Tienen menos recursos intelectuales y emocionales para responder', expone el experto en migración Rodolfo Casillas, de Flacso México.
'Muchas de estas mujeres provienen de sociedades donde son excluidas, no tienen cultura de ciudadanía ni de acudir a las instituciones', apunta.
La denuncia también se antoja una opción remota cuando, constatan Lydia y otras víctimas, policías y agentes de la fiscalía local y de migración son clientes habituales en estos locales.
