La Habana, Cuba.

El 15 de noviembre unos quieren celebrar el regreso del turismo a Cuba, pero otros intentan manifestarse para pedir la liberación de opositores presos. Gobierno y oposición libran un inédito mano a mano, con las tensiones con Estados Unidos como telón de fondo.

En las últimas semanas ambos bandos han jugado al gato y al ratón. Los disidentes pidieron por primera vez permiso para manifestarse el 20 de noviembre, en siete de las 15 provincias de la isla. El gobierno, de su lado, respondió decretando esa jornada como el Día de la Defensa Nacional, precedida por dos días de ejercicios militares.

Los organizadores replicaron adelantando su plan cinco días, una fecha que coincide con el retorno a las escuelas de los estudiantes de primaria y con la reapertura del turismo, tras el cierre por la pandemia.

Las autoridades comunistas prohibieron entonces la manifestación, acusando a sus promotores de querer provocar un cambio de régimen con el apoyo de Washington, y programaron para ese día celebraciones por el 502 aniversario de La Habana.

“Nadie va a aguarnos la fiesta”, enfatizó el presidente Miguel Díaz-Canel ante parlamentarios.

Sin embargo, los opositores no se dan por vencidos. “Consideramos que su respuesta fue ilegal entonces creemos justo insistir en la marcha”, dijo a la AFP Saily González, de 30 años y organizadora de la protesta en la central ciudad de Santa Clara.

Propietaria de un pequeño hotel en esta localidad, célebre por albergar los restos del Che Guevara, González quiere dar seguimiento a las inéditas manifestaciones del 11 de julio, que estallaron de manera espontánea al grito de “Libertad” y “Tenemos hambre”.

“Un golpe de Estado suave”

Según la ONG Cubalex, 1.175 personas fueron arrestadas por esas protestas, que dejaron un muerto y decenas de heridos. Aún hay 612 detenidos.

“Yo creo que a esas personas se lo debemos”, insistió Saily, refiriéndose a los detenidos por el 11 de julio que siguen en prisión. Aunque, esta vez no habrá efecto sorpresa.

González y el dramaturgo Yunior García, de 39 años, creador en Facebook del grupo de debate político Archipiélago y organizador de la manifestación en La Habana, han sido acusados por el gobierno de recibir financiamiento de Washington para desestabilizar la isla. Ambos lo niegan categóricamente.

“Mi respuesta es abrir el refrigerador de mi casa”, semivacío debido a la escasez de alimentos en el país, suspira Saily para demostrar que no recibe dinero, y añade que la crisis económica es también el motor de la convocatoria de la protesta.

Pero el presidente Díaz-Canel se mantiene firme al decir que “diplomáticos estadounidenses se reúnen frecuentemente con los cabecillas contrarrevolucionarios. Les brindan orientación, estímulo, apoyo logístico y de manera directa o indirecta financian sus actividades”, dijo ante diputados.

El noticiero de la televisión estatal acusó a Yunior García de promover “un golpe de Estado suave”, luego de haber recibido adiestramiento en el extranjero. El señalamiento se basó en el testimonio de un médico que reveló ser agente infiltrado de la Seguridad del Estado.

Yunior reconoció haber recibido una llamada del responsable de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zuñiga-Brown, pero aclaró que se negó a aceptar su propuesta de ayuda, para evitar que fuera utilizada en su contra.

“Asediado”

Para William Leogrande, profesor de la American University en Washington y especialista en relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la embajada siempre “ha sido un canal para proporcionar ayuda material a los disidentes cubanos” y “esto desacredita a todos los opositores”, les beneficie o no.

Frente a una disidencia revitalizada por la reciente llegada de internet a la isla, pero aún considerada ilegal, “el gobierno cubano se siente muy asediado por el mal estado de la economía, por el reforzamiento del embargo y porque el 11 de julio reveló el profundo descontento de la gente”.

La última vez que se sintió amenazado de esta manera fue en 2003, cuando 75 disidentes fueron condenados a fuertes penas, dijo el académico.

Para Carlos Alzugaray, exdiplomático cubano, el gobierno debería haber autorizado la manifestación. “Ambas partes debieron buscar una avenencia, es decir intentar una negociación”.

Pero “evidentemente Estados Unidos está metido de lleno y eso por supuesto perjudica la marcha y perjudica cualquier esfuerzo de diálogo”.

De todas formas, llamó a las autoridades cubanas a “buscar mecanismos y vías” para lograr el funcionamiento “del sistema político más abierto, más deliberativo y menos autoritario”.

Y también, dejar de considerar toda crítica como una amenaza. “¡Yo personalmente tengo muchas críticas al gobierno, en el plano económico y político, pero no quiero que me asocien con un proyecto de cambio de régimen!”.