La polémica ley antiimigrante de Arizona fue evaluada por primera vez ayer por una jueza en Phoenix. ésta escuchó a detractores y defensores de la normativa que criminaliza a los indocumentados y debería entrar en vigor el próximo 29 de julio.
Los abogados de ambas partes se encontraron en una corte federal ante la jueza Susan Bolton, que escuchó los primeros argumentos de una de las siete demandas contra la ley migratoria de Arizona, rechazada por policías, activistas de derechos civiles e incluso el Gobierno estadounidense.
La Ley SB1070, proclamada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril tras un voto en el Congreso estatal, declara, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la inmigración ilegal como un delito estatal.
La normativa establece que la Policía puede confirmar el estatuto de aquellas personas sospechosas de estar en el país sin documentos migratorios y castigar a quienes se hayan contactado con ellos en este estado fronterizo con México.
Los abogados que representan a la gobernadora de Arizona pidieron el abandono de las demandas y defendieron la ley, mientras la jueza analizó y escuchó a la defensa del policía de Phoenix David Salgado, de origen latino, que busca la suspensión de la Ley SB1070. El abogado del policía Salgado, Stephen G. Montoya, alegó que los oficiales en Phoenix y otras áreas del estado tendrán dificultades para interpretar la ley, que además -dijo- otorga a Arizona un poder que es prerrogativa del estado federal, con las leyes de inmigración ya vigentes en todo el país.
Para Montoya, la ley viola tanto la normativa de inmigración federal como la Constitución.
“Nunca hemos tenido 50 leyes de inmigración”, dijo Montoya, que le pidió a la jueza Bolton que prohíba la puesta en vigor de esta legislación en Arizona, donde viven unos dos millones de hispanos, 33% de origen extranjero. Unos 460,000 son indocumentados.
